Un lector desea saber sobre las normas que rigen los permisos en la Asamblea, otro reflexiona sobre los principios éticos y un tercero se refiere a un artículo publicado sobre la “ley jaguar”. Lea estas y otras cartas en la sección que da voz a nuestras audiencias.
Mi pregunta es muy sencilla: ¿Hay alguna regulación en la Asamblea Legislativa que fije un porcentaje máximo de diputados ausentes? El jueves 15, faltaron debido a viajes o incapacidades. Si lo tienen, me gustaría saber cuál es el número. Si no, me parece una irresponsabilidad de ese poder de la República para con las decisiones que requiere el país.
Olman Monge Angulo, Santa Ana
El deber ser de una persona tiene origen en su libertad para trascender e ir más allá de sí misma; en la libertad de poseer criterio y juicio propios, mediante el uso de la razón, donde impera la autonomía de la buena voluntad, la integridad y la rectitud con dignidad. Estos principios se caracterizan por ser cimientos de la estructura social, afirmados en instituciones u organizaciones humanas, las cuales estriban en constructos éticos que orientan la reflexión del individuo para identificar los valores morales, legales y culturales que establecen un orden estable con fines, relaciones sociales, hábitos y costumbres que lo benefician a él y a la sociedad.
César G. Fernández Rojas, Guadalupe
Contrario a lo opinado por Rubén Hernández Valle, Luis Antonio Sobrado González y Jaime Ordóñez en su artículo “¿Gastar $7 millones en un referéndum inconstitucional?”, la consulta popular no viola la Constitución ni es necesaria una asamblea constituyente.
Los asuntos fiscales no se pueden confundir con la institución encargada de ejercer el control fiscal del manejo de fondos y bienes del Estado, que es la Contraloría. A los críticos del referéndum, se les pasó el texto del párrafo segundo del artículo 105, que dice: “El pueblo también podrá ejercer esta potestad mediante el referéndum, para aprobar o derogar leyes y reformas parciales a la Constitución, cuando lo convoque al menos el cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
Camilo Cifuentes Correa, Atenas
Los funcionarios de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica, nombrados por los directivos del mismo banco, realizaron negocios desfavorables para los inversionistas que de buena fe colocamos nuestros ahorros.
Las malas prácticas se saltaron todas las normas básicas de cualquier negocio, y el Banco no realizó los debidos controles universalmente establecidos. Tampoco hicieron los deberes la Superintendencia General de Entidades Financieras y el Conassif al no ejercer las debidas auditorías ni los controles a los que la ley los obliga.
Virgilio Alberto Quesada Acosta, Heredia
La actividad acusatoria le compete al Ministerio Público y, por ende, resulta reprochable el discurso del fiscal general en cuanto a que el tribunal no quiso “pedir” la acusación a la fiscala para ser incorporada al expediente.
Esa enorme falta tiró por la borda el trabajo policial y permitió la puesta en libertad de los sospechosos. La fiscala merece ser despedida y el fiscal general debería renunciar.
Jorge Marchena Rosabal, Tres Ríos
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