Los jueces están obligados a terminar los juicios en trámite, aunque sean cambiados de ubicación o se cierre el tribunal. Ninguno de los juicios peligra, dice el PJ
El juicio del caso Patilvica y otros vinculados a violación de derechos humanos no se quebraran, por la desactivación de la Cuarta Sala Penal Superior Liquidadora Nacional, dispuesta por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
“La decisión tomada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en nada afecta el trámite de los procesos penales relativos a Derechos Humanos”, aclaró un comunicado del Poder Judicial.
Es que, desde hace varios años, existe una norma administrativa que obliga a los jueces a terminar los juicios en trámite, incluso si son trasladados a otra ubicación o si sus despachos desaparece de forma administrativa, como en el presente caso.
El viernes último, se informó que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que encabeza el presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, desactivó la mencionada Cuarta Sala Penal Liquidadora, al tener baja carga laboral.
El objetivo de esa decisión, según la resolución del Consejo, es trasladar las plazas y recursos de este tribunal a la Corte Superior de Justicia de Puno, donde serían más útiles.
La decisión del Poder Judicial causó preocupación entre los organismos defensores de Derechos Humanos, la prensa y la sociedad civil, por la magnitud de los juicios que realizaba dicho tribunal.
El comunicado enfatiza que el cierre y reubicación de la Cuarta Sala Penal Superior fue una decisión unánime del Consejo Ejecutivo, el máximo órgano administrativo de este poder del Estado, y no una decisión personal de Arévalo Vela.
“En la sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial participó la presidenta de la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal (UETI-Penal), la jueza suprema titular Elvia Barrios Alvarado, magistrada especialista en derecho penal, y quien dio su voto conforme para la decisión acordada”, enfatiza el comunicado.
Lo que sí es innegable, es que el cierre de la mencionada sala, presidida por la jueza superior Miluska Cano genera problemas para continuar el caso Pativilca y otros que estén audiencia.
Al desactivarse la sala, los jueces Miluska Cano López, Otto Santiago Verapinto Márquez y Helbert Iván Llerena Lezama regresan a sus cortes de origen. En su nueva ubicación integrarán otros colegiados y verán otros casos, pero de manera adicional deberán seguir con el paso Pativilca.
Eso demorará el juicio, pues es difícil coordinar agendas.
