La lideresa de Fuerza Popular enfrenta acusaciones de lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia, con la posibilidad de pagar una condena de 30 años y 10 meses de prisión.
El fiscal superior y coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, conversó con La República a pocas horas de que comience el juicio contra la lideresa del partido político Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien es acusada de cometer los delitos de lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia.
En ese sentido, el representante del Ministerio Público se refirió a la situación legal por la que atraviesa la también excongresista, quien deberá presentarse de manera física ante los miembros y jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado del Poder Judicial. La audiencia se llevará a cabo en el Cercado de Lima, donde decenas de periodistas nacionales e internacionales acudirán para escuchar los argumentos que presentarán la Fiscalía y la defensa técnica de Fujimori Higuchi.
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Vela Barba, al ser consultado por La República respecto al dinero recibido presuntamente de origen desconocido para la organización de sus campañas electorales entre 2011 y 2016, el magistrado sostuvo que la lideresa de Fuerza Popular no solo habría recibido sumas importantes de la empresa brasileña Odebrecht, sino que "existe evidencia" de las corporaciones que fueron "defraudadas".
"No estamos hablando solamente de la captación de un millón doscientos mil dólares de la empresa Odebrecht, sino que adicionalmente se ha sumado también la evidencia de todas las corporaciones que fueron defraudadas (...). En el 2010-2011, donde hay evidencia relacionada con Odebrecht, es el punto de partida y, por otro lado, en la campaña del año 2016, donde ya el protagonismo no es Odebrecht porque lo sustituyó con niveles de financiamiento por defraudación de corporaciones. Es así que se ha logrado mapear la suma de 20 millones de soles (financiamiento), pero nosotros (Fiscalía) estimamos la captación de 18 millones de dólares que se movió siempre por detrás del sistema de legalidad de la ONPE", sostuvo Rafael Vela en entrevista con La República.
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Keiko Fujimori podría enfrentar una condena de 30 años y 10 meses de prisión por delitos de lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. Estas acusaciones se relacionan con el presunto manejo ilícito de fondos para financiar sus campañas electorales mediante eventos conocidos como "cócteles". Según la fiscalía, estos eventos habrían sido utilizados para encubrir donaciones no declaradas, incluyendo aportes de la constructora Odebrecht.
El proceso legal contra Keiko Fujimori ha atravesado múltiples etapas de investigación y juicio. Fujimori ha enfrentado varias órdenes de prisión preventiva a lo largo de los años, con acusaciones de crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimientos administrativos. Recientemente, la Corte Suprema de Perú rechazó un recurso de la Fiscalía que solicitaba su regreso a prisión preventiva, estableciendo en su lugar una serie de medidas de conducta, como restricciones para salir del país y limitaciones en su comunicación con ciertas personas.
