El Partido Popular, con mayoría parlamentaria en el Senado, mantiene el marcaje al Gobierno de Pedro Sánchez, aunque este siga intentando sortear todos los envites que le vienen desde esta Cámara de representación que trata de ser el dique de contención de las políticas del Ejecutivo y sus socios.
El pasado 12 de febrero los senadores populares, al amparo del artículo 20.2 del Reglamento del Senado, solicitaron al Ejecutivo que les remitieran todos los informes y documentos que integran los expedientes de indulto de los nueve condenados en el juicio del procés, medida de gracia que les fue concedida por el Consejo de Ministros en junio de 2021, y que afecta también a Josep Rull, nuevo presidente del Parlament de Cataluña.
Sin embargo, el Gobierno ha ignorado esta solicitud y ha triplicado los días hábiles que marca el plazo reglamentario, fijados en 30. Ese límite que tiene el Gobierno para contestar se ha sobrepasado en 90 días ya que en Moncloa siguen sin atender su solicitud de informe, en lo que supone un «grave incumplimiento del Reglamento del Senado» impidiendo además que los senadores solicitantes ejerzan sus derechos constitucionales como representantes políticos.
El artículo 66.2 de la Constitución establece que el Senado, como Cortes Generales, controla la acción del Gobierno y esa es la intención del Grupo Popular en el Senado. Además, el art. 20.2 del Reglamento del Senado faculta a los senadores a solicitar «los datos, informes o documentos que obren en poder de la Administración», que «deberá facilitarla en plazo no superior a 30 días». Sin embargo, más de 130 días después el Gobierno aún no ha contestado.
Este hecho tiene aún más gravedad al tratarse del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños que tiene entre sus funciones la «asistencia al Gobierno en el ámbito del control parlamentario» y «la remisión a las Cortes Generales de los escritos».
Habiendo triplicado el plazo reglamentario, los populares ven evidente un intento de que el Gobierno pretende ocultar el contenido de los informes y documentos que integraron los expedientes de indulto a los condenados del procés. Por ello, el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo se pregunta «¿qué pretenden tapar?» el Ejecutivo. «¿Acaso desoyó el Gobierno informes técnico-jurídicos que desaconsejaron los indultos, como hizo el propio Tribunal Supremo».
Y es que, según recuerda la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, el 26 de mayo de 2021, el Tribunal Supremo se opuso a la concesión de indultos a los condenados del «procés» por no mostrar «la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento», sino su «voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática». Son muchas las veces que han reiterado el «lo volveremos a hacer», por si alguien duda.
«El Gobierno quiere ocultar los informes de los técnicos del Ministerio de Justicia porque saben que fueron indultos políticos, injustificados y únicamente se aprobaron como pago por el apoyo de los separatistas al Gobierno de Pedro Sánchez», advierte la portavoz del Partido Popular.
Además, recuerda que «si no hubiesen aprobado los indultos, un condenado por el Tribunal Supremo como Josep Rull no sería hoy presidente del Parlament; ni tampoco Pedro Sánchez seguiría durmiendo en La Moncloa».
Entonces, el Gobierno consideró que los principales líderes independentistas condenados por el «procés» son necesarios para restablecer el diálogo en Cataluña. De hecho, en los expedientes en los que justificaba la medida valoró su estancia en prisión como «un escollo para la superación del conflicto» y su objetivo de «restaurar» la convivencia y dejar atrás las heridas del desafío soberanista.
En concreto, Josep Rull indicó en una entrevista en Rac-1en 2021, tras conocer los indultos y casi como un desafío: «Si nos quieren, que nos dejen votar».
De Rull, la Sala del Tribunal Supremo destacó «su intervención para impedir el amarre de un barco en el puerto de Palamós» (el célebre «Piolín»), donde se alojaron los agentes desplazados a Cataluña. Además, puso a disposición del referéndum ilegal «locales gerenciados por el Departament de Territorio y Sostenibilidad del que era responsable» y contribuyó a crear «las bases que propiciaron las condiciones de la movilización ciudadana». Su actividad «no se limita a una idea, o a su expresión», sino que creó «las condiciones precisas que impidieran el funcionamiento de los servicios públicos y la actuación del Estado de acuerdo a la legalidad», reza la sentencia condenatoria.
Pero no solo Rull, también consideró el Ejecutivo de Sánchez que Oriol Junqueras es un «líder relevante» del independentismo en Cataluña sin el cual la apuesta por el diálogo que enarbola el Gobierno nacería coja. De hecho, en este caso el Gobierno llegó a sostener que su indulto «satisface mejor el bien común de España». Es decir, que el expediente vendría a avalar la «utilidad pública» de su indulto, en este caso concreto. Sin embargo, el Supremo fue a quien impuso la condena más severa, trece años de prisión por sedición y malversación, de los que le restaban por cumplir más de nueve. El tribunal afirmó que tuvo un «destacado papel en el proceso que finalmente condujo a la inobservancia de las leyes y al contumaz desprecio a las resoluciones del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña».
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado en varias ocasiones su rechazo frontal a los indultos y a la amnistía. [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/espana/feijoo-soy-pedro-sanchez-acepto-amnistia-aceptare_2024021265ca7d41344c980001bd9e14.html|||«Yo no soy Pedro Sánchez. Yo no acepto la amnistía ni la aceptaré. No acepto los indultos ni los aceptaré»]], recordó con intensidad el pasado mes de febrero donde no ha cesado en su empeño por perseguir la medida de gracia y denunciar su inconstitucionalidad. Además, por primera vez en la historia el Partido Popular se movilizó en las calles y fue convocante de concentraciones de protesta para reclamar la igualdad de todos los españoles y denunciar lo que venía a suponer una amnistía a la carta de los que cometen delitos. El líder del PP de aseguró que «todas las veces que haga falta» lo denunciarían ya fuera «en las instituciones, en los tribunales...» o donde hiciera falta.
De hecho, los populares, haciendo uso de su mayoría parlamentaria en la Cámara Alta se opusieron a la ley aprobando un veto (enmienda a la totalidad), pero el bloque del PSOE y los independentistas en el Congreso pudieron anular dicho veto y la medida de gracia fue aprobada en y entró en vigor tras las elecciones europeas del pasado 9 de junio.
