El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se encuentra disfrutando de su libertad en su país natal, Australia, después de más de una década en el centro de una batalla legal y diplomática que ha captado la atención mundial. Ha sido recibido por una multitud de seguidores que lo aclaman como un mártir de la libertad de prensa y los derechos humanos. Con un legado marcado por revelaciones explosivas que pusieron en jaque a gobiernos y poderosos actores internacionales, algunos esperan que a futuro desafíe el statu quo político y se alce de nuevo como una voz influyente en el panorama mediático y geopolítico, dispuesto a continuar su lucha por la libertad de prensa, los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas.
Procesado por filtrar cientos de miles de documentos confidenciales estadounidenses, Assange estuvo encarcelado desde 2019 en una prisión cerca de Londres, tras pasar siete años en la Embajada de Ecuador en la capital británica para evitar su extradición. Finalmente negoció un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE UU sobre un único cargo de «conspiración para obtener y revelar información relacionada con la defensa nacional». Se enfrentaba a una pena de hasta 175 años de prisión.
En virtud de este pacto, y tras trasladarse en un avión privado con destino a las Islas Marianas para comparecer ante un tribunal federal estadounidense, finalmente fue condenado a cinco años de prisión en virtud de la Ley de Espionaje, una severa normativa cuyo uso contra la prensa constituye uno de los debates más peliagudos de la historia de la libertad de expresión en Estados Unidos. Al haber cumplido dicha pena en prisión preventiva, fue autorizado a regresar a Australia para reunirse con su familia.
«Julian planea nadar en el océano a diario. Dormir en una cama, probar comida de verdad y disfrutar de su libertad», anunció exaltada su mujer, Stella Assange, en una rueda de prensa a la que este no asistió. La activista y abogada sueco-española subrayó que el padre de sus dos hijos seguirá «defendiendo los derechos humanos y denunciando las injusticias» ya que «es un hombre libre».
El acuerdo por el que abandonó la prisión de alta seguridad británica de Belmarsh, tras más de una década en el limbo jurídico, se anunció repentinamente pero se ha estado gestando durante tiempo. Ha sido fruto de una intensa negociación entre bastidores, respaldada quizás por las preocupaciones inmediatas de Joe Biden que lucha por su reelección presidencial. Como vicepresidente de Barack Obama, Biden fue testigo directo del debate interno en la Casa Blanca y de la decisión inicial de no presentar cargos contra Assange tras la publicación de un aluvión de registros militares confidenciales relacionados con las guerras de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Recientemente el primer ministro australiano, el laborista Anthony Albanese, planteó el asunto a Biden, aprovechando el fortalecimiento de sus lazos, ya que su país se perfila como un aliado fundamental en materia de seguridad frente a la creciente amenaza de China.
WikiLeaks, la organización sin fines de lucro fundada en 2006 por Assange, se ganó la reputación de ser el democratizador de Internet, una plataforma para denunciar las fechorías de las grandes potencias mundiales. Operando con una red de voluntarios anónimos, se encargaba de revelar irregularidades u información clasificada tanto en su plataforma en línea como a través de medios de comunicación seleccionados. Sin embargo, los gobiernos consideran a estas personas como «filtradores», una categoría legalmente no protegida que puede enfrentar consecuencias legales por compartir datos clasificados.
El controvertido editor, activista y hacker, ha sido objeto de opiniones polarizadas. Sus detractores lo presentaron primero como un delincuente temerario y como un títere de Rusia. Otros lo idolatran como un defensor de la libertad y un revolucionario. El culebrón mediático y legal comenzó cuando obtuvo dos enormes fuentes de información del ejército estadounidense en 2009: los diarios de guerra afganos e iraquíes. Estos arrojaron una luz poco halagüeña sobre las operaciones y revelaron múltiples violaciones de los derechos humanos. Entre ellos, el vídeo bautizado «asesinato colateral», en el que un helicóptero acribillaba a civiles y periodistas mientras la tripulación vociferaba, que fue la pieza central emblemática.
La difusión masiva de estos «partes de guerra» en colaboración con destacados medios de comunicación desató una crisis diplomática mundial. Las revelaciones destacaron asuntos delicados como la instigación del ataque aéreo contra Irán por parte de líderes árabes y las instrucciones para espiar a los líderes de las Naciones Unidas. Además, durante la campaña presidencial estadounidense de 2016, Assange reveló miles de correos electrónicos pirateados del Partido Demócrata y del equipo de campaña de Hillary Clinton, lo que provocó reacciones favorables de Donald Trump. La comunidad de inteligencia estadounidense afirmó que los hackeos se llevaron a cabo bajo la dirección del presidente ruso Vladimir Putin y como parte de una campaña más amplia para influir en las elecciones de 2016.
En lugar de generar una nueva era de transparencia, estas filtraciones desencadenaron una respuesta distópica caracterizada por un aumento de los esfuerzos por evitar que WikiLeaks publicara más secretos de Estado. Las impactantes revelaciones, que abarcaban desde la existencia de escuadrones de asesinos hasta evidencias de posibles crímenes de guerra cometidos por el gobierno de Obama, fueron prácticamente ignoradas. Se ejerció presión política sobre las compañías de tarjetas de crédito que gestionaban las donaciones a WikiLeaks, lo que efectivamente bloqueó sus recursos financieros. A pesar de que continuó publicando datos cada vez más reveladores, también se intensificaron los esfuerzos por cerrar la organización.
La Administración Obama consideró la posibilidad de enjuiciarlo, y luego abandonó la idea antes que enzarzarse en una lucha complicada relacionada con la libertad de prensa. Sin embargo, la situación cambió con la elección de Trump y el nombramiento como secretario de Estado del exjefe de la CIA Mike Pompeo en 2018.
