La organización no gubernamental Acceso a la Justicia denunció este viernes que 46 personas vinculadas a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio han sido detenidas en lo que va de año, todas relacionadas con la campaña del candidato opositor Edmundo González Urrutia.
En una infografía, la ONG computó los casos de «detenciones arbitrarias», inhabilitaciones de opositores y otros hechos que consideran que forman parte de la «persecución política» contra la candidatura de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor alianza antichavista.
#AlertaElectoral Cifras de persecución política durante giras de la oposición venezolana en los últimos seis meses. Conoce más detalles en nuestra infografía #InfoCivis2024 https://t.co/ha9i7gghcD pic.twitter.com/IgF7L0XR3E
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) June 28, 2024
«En los primeros seis meses, la persecución política ha sido la regla, sobre todo en el marco de las giras de la líder opositora María Corina Machado y el candidato» de la PUD, indicó la organización, según la cual en el 82 % de las detenciones, las víctimas han pasado horas en paradero desconocido.
Del total de arrestados, 18 forman parte del partido Vente Venezuela, que lidera Machado, y el resto pertenecen a otras organizaciones antichavistas o simpatizan con la candidatura de González Urrutia.
Además, durante este semestre, las autoridades anunciaron la inhabilitación de 12 alcaldes -por lo que no podrán ocupar cargos públicos-, días después de que manifestaran su respaldo a la PUD, mientras que dos ediles los destituyeron en el estado Delta Amacuro.
El registro también incluye el cierre o inspección de 16 establecimientos (hoteles y restaurantes) que prestaron servicio a Machado o a su equipo, durante su gira por 10 de los 23 estados del país.
Asimismo, añade el reporte, la Guardia Nacional (Policía militarizada) decomisó dos embarcaciones rudimentarias por los mismos motivos y se registraron siete cierres de vías para intentar impedir que Machado y González Urrutia celebrasen actos previstos en siete regiones de Venezuela.
Según el último balance presentado por Machado, hasta el 17 de junio se habían contabilizado 37 detenciones.
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