PSOE y PP han cerrado esta semana un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras más de cinco años y medio de bloqueo y varios intentos frustrados por la resistencia de los conservadores a cerrar un pacto con los socialistas con diferentes excusas. Ahora, ambas formaciones han acordado proponer a diez vocales cada uno y sólo falta saber el nombre del presidente o presidenta que, según la ley, debe ser designado por los vocales.
El pacto ha llegado tras varios intentos fracasados. El que más cerca estuvo de materializarse tuvo lugar en noviembre de 2018, días antes de que concluyera el mandato del órgano de gobierno de los jueces. Entonces, el presidente del PP era Pablo Casado. Pero un mensaje de su entonces portavoz en el Senado, Juan Ignacio Cosidó, jactándose de controlar “por detrás” [con el nombramiento de Manuel Marchena] la sala más delicada del Tribunal Supremo frustró la renovación. En esa ocasión, algunos de los vocales propuestos llegaron incluso a comparecer en el Congreso —una exigencia legal en el caso de los que son elegidos por el turno de juristas de reconocido prestigio— y las identidades de varios de los que iban a acceder por la vía destinada a los jueces en activo también trascendieron.
La comparación evidencia que son varios los cambios entre ambos listados. Especialmente, entre los elegidos por el llamado cupo de juristas. Por ejemplo, en 2018 el PP había propuesto que entraran en el CGPJ dos exparlamentarios que ejercían de portavoces de sus posturas en materia judicial en Congreso y Senado, José Miguel Castillo y Manuel Guillermo Altava, respectivamente. Ninguno de los dos están en el actual listado. Respecto a la relación de 2018, también se ha caído del listado de propuestos por el PP la fiscal Rosa Rubio, que ha sido sustituida por otra afiliada a la conservadora Asociación de Fiscales, Pilar Jiménez.
Los conservadores han optado ahora por otros perfiles. Está, por ejemplo, el del magistrado gallego José Luis Costa Pillado, un viejo conocido del líder del PP Alberto Núñez Feijóo y que ya fue propuesto sin éxito por el Parlamento de Galicia para ir al Tribunal Constitucional. Ahora dirigía el Consello Consultivo de Galicia. También aparece la letrada de Cortes Isabel Revuelta, que se incorporó recientemente a la asesoría jurídica del Senado. Antes había formado parte de la Comisión de Justicia del Congreso que firmó uno de los informes que cuestionaba parte de la ley de amnistía en su primera y fallida tramitación.
En las filas progresistas se mantienen por el cupo de juristas el abogado Bernardo Fernández Pérez, quien fue vicepresidente asturiano del PSOE, y el letrado judicial Luis Martín Contreras, fundador de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales. Y aparecen nombres nuevos como el de la fiscal Inés Herreros, que ahora es adjunta a la Fiscal de Sala de Memoria Democrática, y la profesora de Derecho Constitucional Argelia Queralt, que actualmente es letrada del Tribunal Constitucional.
Entre los que han salido de la lista está José Ricardo de Prada, el juez de la Audiencia Nacional que redactó la sentencia de Gürtel que a la postre provocó el cambio de gobierno. En 2018 De Prada no estaba en servicio activo, pues se encontraba con una excedencia para integrar el Tribunal de La Haya, y el CGPJ no le dejó aspirar al cupo de magistrados. Por eso el PSOE lo escogió para las plazas reservadas a juristas de reconocido prestigio. Respecto a la lista de 2018, también han salido la fiscal Pilar Fernández, que es pareja del actual fiscal general del Estado, y la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Córdoba Carmen Sáez.
En relación a los 12 vocales que sí están en activo en la carrera judicial sí son varios los nombres que se repiten de la selección de 2018. No en vano, los partidos deben elegir a estos 12 vocales de una preselección que realizan los propios jueces. Para entrar en esa lista es necesario tener el aval de 25 jueces o de una asociación judicial. Cada juez puede respaldar a 12 compañeros y cada asociación puede avalar también a 12.
En el bloque conservador, ya hace cinco años se daba por hecho que Alejandro Abascal, que actualmente ejerce como juez de refuerzo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sería uno de sus miembros. Entonces también sonaron otros nombres que están en el acuerdo como el de la exdirectora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa, candidata que más avales logró de sus compañeros y esposa del juez Pablo Llarena. O el del juez del Supremo José Antonio Montero. Por contra, no se ha contado finalmente con la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, que fue avalada por la asociación Francisco de Vitoria, que se autodefine como independiente.
Para el sector progresista ya se contaba también en 2018 con algunos nombres que han acabado en el acuerdo cinco años después. Es el caso del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Arozamena, que entre 2007 y 2009 fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia con el socialista Mariano Fernández Bermejo y ha ocupado puestos de relevancia en varios tribunales. O de la magistrada del Tribunal Superior de Navarra Esther Erice, que recientemente votó en contra de que se rebajara la condena a uno de los miembros de la Manada por la ley del solo sí es sí y que está asociada a Juezas y Jueces para la Democracia.
También se contaba con José María Fernández Seijo, el juez de lo Mercantil que elevó al Tribunal de Luxemburgo la cuestión prejudicial que determinó que la existencia de cláusulas abusivas en un contrato hipotecario podía paralizar un desahucio. En su día, Podemos presionó para que estuviera en el CGPJ la magistrada Victoria Rosell, que también se presentó con el aval de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, pero su nombre tampoco aparece en lo que parece que será la renovación definitiva tras cinco años de bloqueo.
