A punto de cumplirse un año de las elecciones generales del 23J, el Gobierno acaba de coronar una de las cimas políticas más escarpadas con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El bloqueo por parte del PP del órgano de gobierno de los jueces contribuyó durante cinco años a alimentar en la derecha la idea de interinidad institucional respecto a un Ejecutivo de Pedro Sánchez señalado incluso como ilegítimo y como objeto prioritario de derribo. Pero el apretón de manos de los de Núñez Feijóo con el PSOE echa por tierra ese escenario de un plumazo.
“Si llegan a pensar que hay posibilidades de que la legislatura salte por los aires y haya elecciones en otoño no firman el acuerdo bajo ningún concepto”, sostienen en la Moncloa, donde sí creen que el aterrizaje del PP en el pacto con el Gobierno puede ayudar a cambiar algunas dinámicas de fondo. “Suponemos que si han firmado un pacto con nosotros para cumplir la ley y el mandato constitucional de renovación del Poder Judicial es que no nos consideran unos tiranos y nos reconocen como interlocutores y gobernantes legítimos. Y eso ya es un paso si recordamos de dónde venimos”, plantean en el equipo del presidente.
El acuerdo para renovar el CGPJ proyecta ahora un horizonte de entendimiento entre los dos grandes partidos para afrontar otras asignaturas pendientes. De hecho, el Gobierno busca otro consenso para nombrar al nuevo gobernador o gobernadora del Banco de España antes de la próxima reunión del consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE), que se celebrará en dos semanas. Ese escenario podría extenderse a los nombramientos pendientes en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a los que están por llegar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
“Le doy la bienvenida, señor Feijóo, al entendimiento y al cumplimiento de la Constitución”, celebró Pedro Sánchez esta semana durante la sesión de control en el Congreso. No obstante, tras desmarcarse del ala más dura de su partido encarnada por Isabel Díaz Ayuso o José María Aznar, cuyas presiones acabaron por cortocircuitar otros acuerdos anteriores, Feijóo ha impuesto entre los suyos una línea discursiva en público igual de hostil hacia el Gobierno para espantar cualquier atisbo de señalamiento interno por connivencia.
“Lo que sí quiero aclarar, señorías, es que este acuerdo no es para ayudarle, como usted se puede imaginar. Este acuerdo es para poner límite a la voracidad de su Gobierno en controlar las instituciones del Estado”, se autojustificó el líder del PP en el Congreso ante los posibles recelos de algunos compañeros de filas.
Desde su escaño, Feijóo volvió a arremeter contra la pareja del presidente. “Siéntese ante los medios de comunicación y comparezca en el Congreso para explicarnos todo lo que está saliendo de su familia y de su entorno. Explique los chalés, las residencias, los viajes, los contratos, los lujos”. E incluso volvió a uno de los clásicos más recurrentes de la derecha durante su intervención en un acto posterior en Madrid para comparar a España con países como Venezuela o Cuba.
“Para usted la perra gorda”, le replicó Sánchez. “Entiendo que pueda hacer algún tipo de aspaviento para calmar a aquellos que le han llevado por la senda de la oposición destructiva. Pero creo que es importante poner en valor el acuerdo que se alcanzó ayer”, le dijo el presidente al líder de la oposición.
En la Moncloa se muestran convencidos de que un mensaje de normalidad institucional como el que se manda con la renovación del Poder Judicial contribuye a la estabilidad de la legislatura y a alimentar la idea de un mandato a cuatro años, el horizonte marcado siempre por Pedro Sánchez desde que amagó con su dimisión.
Lo que ocurre es que, en realidad, todas las miradas para el futuro de la legislatura siguen fijadas exactamente en el mismo sitio en el que se depositaron hace casi un año tras las elecciones generales: Catalunya. La cuenta atrás abierta ya oficialmente en el Parlament esta semana y que pone en marcha el reloj de la repetición electoral lo marca casi todo en un contexto en el que las fuerzas independentistas son claves en el Congreso para la estabilidad de Pedro Sánchez.
De cómo se resuelva la ecuación catalana durante el verano dependerá que el Gobierno pueda acelerar en otoño la concreción de unos Presupuestos Generales del Estado de 2025 que fueron prorrogados este año por la imposibilidad de sacarlos adelante. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró esta semana que la intención del Gobierno es presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2025 en el Congreso a principios de octubre para poder cumplir en “tiempo y forma” con el calendario y que las cuentas del año que viene puedan entrar en vigor el próximo 1 de enero.
La idea del Ejecutivo es aprobar los objetivos de estabilidad y deuda pública en el Consejo de Ministros a finales de julio, aunque si tuviera que aplazarse a septiembre no implicaría un retraso en el calendario de las cuentas públicas. Y ya esta semana se publicó en el Boletín Oficial del Estado la orden ministerial que insta a los distintos departamentos de la administración central a especificar de aquí al 8 de julio cuáles serán sus necesidades de gasto.
Durante julio y antes del parón de las vacaciones de agosto el Gobierno se dispone a darle un nuevo impulso a la producción legislativa del Congreso. La Cámara Baja ha habilitado de hecho este próximo mes para la celebración de hasta cuatro plenos extraordinarios en los que, entre otras cosas, tendrá cabida una comparecencia del presidente del Gobierno para informar sobre el último Consejo Europeo.
El presidente se comprometió además a anunciar un paquete de medidas de regeneración democrática y las Cortes deberán tramitar, entre otras, la ley de paridad –aprobada esta semana en el Congreso y que ahora debe debatir el Senado– el proyecto de ley para la independencia judicial comprometido en el pacto entre el PSOE y el PP para el CGPJ.
