El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, suma un nuevo varapalo judicial más. La Audiencia Nacional ha anulado, como hiciera hace un mes con las otorgadas en 2022, las cruces de plata concedidas el pasado año a seis comisarios jubilados, un reconocimiento que lleva aparejado un 20 % de incremento de su sueldo base, es decir, unos 300 euros más al mes.
Así se desprende de la sentencia del juzgado central número 9 de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional tras resolver el recurso presentado por los sindicatos Jupol, UFP y CEP, que pidieron retirar las medallas de plata concedidas a comisarios jubilados, al considerar que la Dirección General de la Policía ha incumplido los requisitos exigibles en su concesión.
La sentencia, anula esa recompensa profesional y recuerda varias resoluciones adoptadas en el mismo sentido desde hace años y señala que las condiciones y requisitos mínimos para que se pueda conceder la medalla de plata están delimitados por la ley, que determina que por trayectoria profesional "solo procedería la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco", informa Efe. De esta forma la sentencia acredita que el Ministerio del Interior vulneró los requisitos establecidos para conceder ese "destacadísimo reconocimiento".
En concreto, la Dirección General de la Policía propuso para dichas medallas de plata a seis comisarios principales jubilados: Juan José Campesino, ex jefe superior en Castilla y León; Julio Casal Jiménez, ex jefe de la División Económica; Cirilo Durán Reguero, ex jefe de la División de Formación; Gonzalo Espino Cruz, ex jefe superior en Baleares; Pedro Luis Melida Lledo, ex comisario general de Policía Científica y Alfonso Navarro López, ex jefe superior en Murcia.
Se trata de la cuarta vez que los tribunales tumban las medallas pensionadas a comisarios jubilados al entender que no estaban suficientemente motivadas las razones para su concesión.
Jupol indicó que se procede a la impugnación de estas medallas "por haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido (artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de la LPAC. Para el sindicato policial la concesión de estos ingresos en la Orden del Mérito Policial "se trata de una actuación administrativa tomada a capricho y conveniencia, de manera arbitraria y solo basándose en el deseo de la Administración, lo cual es absolutamente impropio de un Estado Social y Democrático de Derecho", apuntan.
Por ello Jupol ha manifestado su "satisfacción" al ver cómo la justicia de nuevo "nos da la razón" y reconoce su postura frente a dichas medallas.
Por su parte, desde el CEP reclaman que Interior ponga fin a este "bochorno", que consideran ha llegado ya "demasiado lejos, y que cese en la concesión de este tipo de condecoraciones, que deben reservarse para policías en activo que realmente se hayan jugado la vida en una intervención", apuntan. Además, hacen un llamamiento para "acabar ya con una práctica que no se ajusta a Derecho y que pervive desde 1964".
