El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena señaló que designación del personal del Poder Judicial por la vía del voto ciudadano “tendrá un impacto económico.
Ante la advertencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena de que una reforma al Poder Judicial “mal hecha” afectará a la economía nacional y que se pagará un “alto costo”, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, demandó a la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados un diálogo, pero “con voluntad de reflexión y de escuchar”.
En el arranque del primero de los nueve foros del parlamento abierto para la reforma al Poder Judicial, Gutiérrez Ortiz Mena advirtió que “una reforma mal hecha afectará a la economía nacional y una reforma exitosa potenciará el crecimiento económico”.
Remarcó que una designación del personal del Poder Judicial por la vía del voto ciudadano “tendrá un impacto económico por un mal diseño y se pagará un alto costo” y alertó que “la percepción de que el Poder Judicial no es imparcial puede generar desconfianza y graves efectos a largo plazo”.
También afirmó que, si se decide la vía del voto ciudadano, la reforma debe incluir la profesionalización permanente, garantía de estabilidad en el cargo, fortalecer la garantía de seguridad, que para sancionar a los jueces se usen criterios objetivos, remuneración justa y un retiro digno.
En su turno, al final del evento, la ministra presidenta, Norma Piña, anticipó que, “ante una decisión tomada, es indispensable un diálogo amplio y abierto”, ya que –advirtió– “el paso veloz en las modificaciones estructurales sólo puede dar entrada a problemas mayores”.
Insistió en que “no debe pesar más la celeridad que la idoneidad”, por lo que llamó a “encontrar más las coincidencias que las diferencias. Dialoguemos y conversemos, porque el tema no admite la división”.
En un ostensible ambiente de tensión entre legisladores de Morena y los representantes del Poder Judicial, con abrazos afectuosos con las ministras afines a la ‘4T’, con fríos saludos de mano con la presidenta de la Corte y con más de 30 oradores, se inició el parlamento abierto para la reforma al Poder Judicial, titulado ¿Qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos?.
El exministro Arturo Zaldívar acudió como invitado y expuso que “con la máscara de la supuesta independencia el Poder Judicial cree que puede hacer lo que quiere y no dar explicaciones a nadie”.
Recordó que “la Corte entregó a la oposición lo que perdió en la urnas” –en referencia a los encuentros de la presidenta de la Corte con el líder del PRI– y acusó que “se había avanzado en el perfeccionamiento del Poder Judicial, pero a partir de 2023 –con la llegada de Norma Piña como presidenta de la Corte– se tomó la decisión de ‘destruyamos todo lo que se hizo y confrontemos a los otros poderes’”.
“Hoy la justicia es elitista, volvió al nepotismo, a la comentocracia, a la derecha”, acusó.
Entre gritos y porras de “Viva la ministra del pueblo”, la ministra Lenia Batres criticó que “las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México. El Poder Judicial que queremos es el que le abre las puertas al escrutinio público y con menos remuneraciones”.
El ministro Javier Laynez rechazó las acusaciones de la morenista y opinó que “sí hay una incapacidad para comunicarnos con la sociedad para decirles quiénes somos, pero eso no es una actitud de arrogancia”.
La ministra Yasmín Esquivel propuso una elección progresiva de juzgadores, consistente en la aplicación de elecciones populares sucesivas para cubrir de forma escalonada cargos que queden vacantes por renuncia, muerte o retiro, posiciones que se irán ocupando gradualmente.
Estimó que no se puede dar marcha atrás a la reforma judicial “porque es un mandato popular del pueblo que votó a favor del plan C”.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo opinó que “los cargos se dan por examen de oposición y esa es la vía adecuada para su designación” y sostuvo que “los casos de corrupción son la excepción y no la regla”.
Dijo que “su elección por el voto ciudadano no es la mejor opción” y que ese cambio, que implicará sustituir a más de mil 600 funcionarios y los ministros, generará un desajuste en los órganos impartidores de justicia”. Por ello, propuso que esta sustitución se haga de manera gradual, una parte de los funcionarios del sistema judicial y otra de los que surjan del proceso electoral.
