El director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF), Ricardo Vicente Puyol Sánchez, presentará este viernes formalmente su dimisión al frente del organismo que dirige desde octubre de 2021. El granadino es magistrado en situación de servicios especiales en la carrera judicial, en la que ingresó en el año 2001 con destino en la Audiencia de Granada. Después de que PP y PSOE acordaran el martes la renovación del Poder Judicial, uno de los puntos dice que los jueces y magistrados en una situación como la suya no podrían “reingresar al servicio activo hasta dos años después del cese en el cargo que motivó la excedencia voluntaria” le ha llevado a tomar la decisión, avanzada esta tarde por el Grupo Joly.
Así lo explican fuentes de la OAAF, que hacen mención a que la Proposición de Ley Orgánica de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concreto al apartado sobre los servicios especiales y las excedencias voluntarias. Como se ha dicho, la reforma prevé que “los jueces o magistrados no podrán reingresar al servicio activo hasta dos años después del cese en el cargo que motivó la excedencia voluntaria. Por ello, si solicitan finalmente el reingreso, durante los dos años siguientes a su cese en el cargo político o público, quedarán adscritos, según el caso, al presidente del Tribunal Supremo o el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma de su último destino, sin merma en la retribución que vinieran percibiendo antes de la excedencia”.
Como magistrado, Puyol sirvió destino durante cuatro años en los juzgados de Instrucción 1 y 2 de Marbella (desde 2007 a 2011), periodo de tiempo en el que se asumieron las consecuencias procesales y penales en los juzgados de Instrucción derivadas de la fiscalización del Ayuntamiento de Marbella por parte del Tribunal de Cuentas y, fundamentalmente, de su intervención por parte del Gobierno Central a raíz de los hechos vinculados a la corrupción publica de los responsables de esta administración municipal. Como juez de lo Penal, ya en el ámbito del enjuiciamiento, ha juzgado numerosas causas por corrupción contra responsables públicos en la provincia de Málaga.
