El Gobierno ya ha iniciado el proceso para elegir qué agencia de publicidad producirá y elaborará las campañas feministas del Ministerio de Igualdad. Todos los spots los organizará la misma compañía. El plazo estará abierto hasta el próximo lunes 1 de julio, cuando se cerrará y el Ministerio comenzará el proceso de evaluación y selección. La ley obliga a que toda institución pública tenga que sacar a concurso aquellos contratos que superen los 15.000 euros. En este caso, el coste total ascenderá a los dos millones y medio de euros.
El contrato especifica que el plazo de ejecución es de dos años. Es decir, hasta agosto de 2026, pero no aclara si los dos millones y medio de euros cubrirán las campañas también del 2025. En principio, Igualdad suele presupuestar en torno a un millón de euros cada año, por lo que la cifra sería próxima a lo destinado durante la legislatura pasada. El gasto en campañas publicitarias es clave para el Ministerio, y desde que lo dirige la socialista Ana Redondo, la inversión apenas ha variado respecto cuando lo hacía Irene Montero.
El coste exacto sin impuestos es de 1.934.000, mientras que con la tasa impositiva alcanza los 2.340.140 euros. El texto del pliego establece que el objetivo del contrato "consiste en la contratación de una agencia de publicidad que realice las actuaciones necesarias para desarrollar y ejecutar el plan de campañas de divulgación y concienciación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así como el plan de comunicación interna e institucional de la SEIEVM", para la "planificación, creatividad, diseño, realización y producción del Plan de Campañas de Publicidad Institucional".
El contrato se podrá prolongar hasta cuatro años, es decir, a lo largo de toda la legislatura vigente que finalizará en otoño de 2027.
Este tipo de campañas es una parte fundamental de la labor del Ministerio. En Igualdad entienden que su papel también es concienciar a la sociedad sobre las prácticas machistas que atentan contra las mujeres y ponen en peligro sus vidas. En 2023, el Gobierno cifró en 58 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.
Redondo estableció como piedra angular la lucha contra el machismo, que ya inició al frente del Ejecutivo la exministra Montero. La pasada legislatura se reformó la ley de aborto y el Congreso de los Diputados dio luz verde a la conocida como ley del solo sí es sí, que eliminó la necesidad de que haya violencia o intimidación para que exista agresión sexual en vez de abuso —tipificado con menor pena de cárcel—.
El Ministerio también ha emprendido varias campañas para luchar contra otras lacras discriminatorias como el racismo o la violencia contra el colectivo LGTBIQ+.
La dificultad para articular mayoría en el Congreso de los Diputados es compleja y la agenda legislativa ha estado parada durante el primer semestre de Gobierno, pero no ha faltado tiempo para la polémica. El primer nombramiento de Redondo fue la directora del Instituto de la Mujer, Isabel García, que había manifestado su oposición a la 'ley trans' por vulnerar los derechos de las mujeres. Unas declaraciones fuertemente criticadas por Podemos y el sector cercano a Montero, que impulsó la norma.
Desde entonces, las asociaciones feministas han mirado con lupa la acción de un Ministerio que se debate entre dos facciones dentro del movimiento: quienes apuestan por incluir los derechos de las personas transexuales en el feminismo, o considerarlo una amenaza.
