El Ministerio del Interior puso fin a la política de dispersión de presos de ETA en marzo de 2023. Trasladó a cárceles del País Vasco o de Navarra a los últimos etarras que cumplían condena en otras comunidades de España.
Los acercamientos comenzaron en 2018, y se fueron produciendo por goteo a lo largo de los años, hasta acabar con la estrategia penitenciaria que se puso en marcha décadas antes, con la idea de tratar de romper la cohesión interna de los presos de ETA e intentar favorecer que dieran el paso de salirse de la disciplina que la organización terrorista les dictaba aún en prisión.
La galaxia de organizaciones de la izquierda abertzale dejaron entonces de reivindicar que “los presos vascos” fueran enviados “a casa”, una de sus campañas tradicionales.
A eso se suma que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó ceder al Gobierno Vasco la competencia sobre las prisiones. La comunidad autónoma comenzó a ejercer esa competencia en octubre de 2021, y desde entonces las autoridades penitenciarias vascas han concedido numerosas progresiones de grado y beneficios a terroristas de ETA, con la oposición de la Fiscalía.
Toda esta ‘revolución’ penitenciaria no ha impedido que algunos presos etarras sigan protestando por el trato que reciben.
Catorce terroristas que cumplen condena en cárceles del País Vasco han suscrito una carta que han difundido por webs de extrema izquierda independentista vasca, como Sare Antifaxista.
También se ha publicado en Gedar, que es el órgano de comunicación de Mugimendu Sozialista (Movimiento Socialista). Es una corriente que reprocha a la izquierda abertzale ‘oficial’, la que se agrupa en el partido Sortu (heredero de Batasuna y base de EH Bildu) y otras organizaciones de lo que fue el entorno de ETA, haber arrinconado la ideología socialista.
Estos catorce etarras denuncian que en las “cárceles españolas gestionadas por el ‘oasis vasco’ jeltzale” (es decir, del PNV) están sufriendo una “medidas de excepción”.
“Aunque los tenemos más cerca, pasamos menos tiempo con los allegados”: esa es la queja de los terroristas, que aseguran que les han reducido el número visitas presenciales de familiares y amigos que pueden recibir, y que también les han recortado la duración de esas visitas.
A eso se añade una “medida de excepción”, según la definen. Estos condenados por su relación con la banda terrorista ETA denuncian que a decenas de personas “se les ha impuesto la prohibición de comunicarse con nosotros”, y que esto sucede desde hace ya meses.
Aseguran que el Gobierno Vasco ha elaborado una “lista negra” de personas a las que se prohíbe el acceso en las cárceles de Zaballa (Nanclares de Oca, Álava), Basauri (Vizcaya) y Martutene (San Sebastián, Guipúzcoa).
A esas personas les impiden la entrada para visitar y hablar en los locutorios con estos presos de ETA, y tampoco les dejan participar en eventos deportivos y culturales que se organizan en los centros penitenciarios.
¿Quiénes han sido incluido en esa “lista negra” que denuncian estos etarras? Ellos aseguran que las autoridades penitenciaria acusan a esas personas vetadas de “pertenecer a sectores revolucionarios”. Los afectados con “amigos [de los etarras] que les incomodan o a los que ellos consideran enemigos”.
Algunos de estos vetos han sido recurridos ante la justicia. Al parecer, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco o la Audiencia Nacional han desestimado esos recursos.
“Quienes suscribimos este escrito queremos trasladar al Pueblo esta dura situación, denunciando esta medida de excepción y diciendo en voz alta que lo que no consiguieron con la dispersión no lo conseguirán” tampoco con esta medida, proclaman los terroristas firmantes de esta carta.
Llegan a declarar que “el amor y la fuerza del pueblo seguirán siendo nuestro objeto de vida. Esta vez también nos enfrentaremos todos juntos a estos ataques”.
En el listado de firmantes de esta carta destaca especialmente un nombre: Xabier García Gaztelu.
Francisco Javier García Gaztelu, alias ‘Txapote’, fue jefe de los comandos de ETA. Ha sido condenado por ser el autor material de más de una decena de asesinatos. Entre otros, mató a los concejales del PP vasco Miguel Ángel Blanco, José Luis Iruretagoyena, Gregorio Ordóñez y Manuel Zamarreño, al dirigente socialista vasco Fernando Múgica, al concejal de Unión del Pueblo Navarro José Javier Múgica, al columnista de El Mundo José Luis López de Lacalle, a militares, policías...
Fernando García Jodrá mató al ex ministro socialista de Sanidad Ernest Lluch y al concejal del PP Francisco Cano; Julen Atxurra Egurrola participó en el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara y dirigió el aparato logístico de ETA; Mikel Sansebastián Gaztelumendi fue condenado a más de 1.000 años de cárcel por el coche bomba en el aparcamiento de la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas que mató a Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate...
Todos ellos firman la carta, junto a Oskar Barreras Díaz, Aitor Cotano Sinde, Orkatz Gallastegi Sodipe, Beatriz Etxebarria Caballero, Jesús Mari Etxeberria Garaikoetxea, Garikoitz Etxeberria Goikoetxea, Daniel Pastor Alonso, Jon Kepa Preciado Izarra, Patxi Ruiz Romero, y Jon Mirena Sampedro Blanco.
Algunos de estos etarras dejaron de seguir al colectivo oficial de presos de ETA, y siguen una línea disidente radical. Ocho de ellos secundaron hace un año una huelga de hambre.
Por eso, algunos de ellos no aparecen en la lista de “presos políticos” que mantiene actualizada Etxerat, la asociación de familiares de presos de ETA. Sin embargo, algunos de los que han suscrito la carta, como García Gaztelu y García Jodrá, sí salen en esa lista, por lo que se entiende que aún pertenecen al colectivo “oficial” de la izquierda abertzale.
