“¿Quién se hace responsable de los efectos adversos que le queden a mi hija? ¿Qué pasa si queda muda o le viene autismo?”, se pregunta el padre, visiblemente angustiado, al justificar su decisión de no vacunar a su hija. “Tengo el derecho a elegir qué se introduce y qué no en mi cuerpo. Así como […]
Foto con fines meramente ilustrativos
“¿Quién se hace responsable de los efectos adversos que le queden a mi hija? ¿Qué pasa si queda muda o le viene autismo?”, se pregunta el padre, visiblemente angustiado, al justificar su decisión de no vacunar a su hija.
“Tengo el derecho a elegir qué se introduce y qué no en mi cuerpo. Así como mi mamá decidió vacunarme cuando yo era chico, ahora soy yo quien decido no vacunar a mi hija”, argumenta, decidido a apelar el fallo judicial una vez finalice la feria judicial.
El conflicto comenzó desde el nacimiento de la niña A., cuando los médicos del Hospital Pereira Rossell en Montevideo se negaron a dar el alta sin las vacunas obligatorias. Los padres firmaron su salida voluntaria, iniciando así una serie de desencuentros con las autoridades de salud y educativas.
En marzo de 2024, al inscribir a la niña en un centro público de primera infancia en Carmelo, se exigió el certificado de vacunación, el cual no pudo ser presentado.
Aunque la educación es un derecho, se solicitó a los padres una constancia médica explicando la ausencia de vacunas, lo que derivó en la intervención de una asistente social y, posteriormente, en la judicialización del caso.
El 19 de junio, día del Natalicio de Artigas, los padres fueron notificados por la policía de su obligación de comparecer ante la Justicia.
La jueza subrogante Judith Álvarez dictaminó: “Intímese a los progenitores de A. al cumplimiento de la vacunación preceptiva que la ley impone en todo el territorio nacional, en un plazo de 10 días, (…) bajo apercibimiento de incurrir en la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad”.
La resolución de la jueza se fundamenta en normativas legales vigentes desde la dictadura y reforzadas en años posteriores. La Institución Nacional de Derechos Humanos, en 2019, avaló que todas las vacunas obligatorias cuentan con respaldo legal suficiente.
El padre de la niña A. no niega los beneficios históricos de las vacunas, pero cuestiona las actuales: “Las vacunas de ahora no son las mismas que antes… ahora vienen con cualquier cosa dentro, con ARN mensajero”. Aunque solo algunas vacunas contra el COVID-19 utilizan esta tecnología, él insiste en rechazar todas las vacunas para su hija.
El presidente de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, Sergio Venturino, señala: “En los últimos años están apareciendo opiniones que distan mucho de la evidencia científica. Nada en la ciencia valida el dióxido de cloro, mucho menos para un niño. Las vacunas son las que salvan vidas”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó en 2019 la vacilación de las vacunas como una de las diez mayores amenazas para la salud mundial. La pandemia de COVID-19 intensificó los discursos de duda, aunque el principal desafío sigue siendo la indiferencia hacia las vacunas más que la oposición activa, según un taller del Ministerio de Salud Pública de Uruguay.
Venturino enfatiza: “Los pediatras somos los profesionales que defendemos a los gurises. Nuestra misión es proteger la salud de los niños y niñas, porque esos niños y niñas tienen el derecho a su salud, el derecho a que se les proteja”.
Los diez días dictaminados por la jueza no se cumplirán en su totalidad de inmediato debido al inicio de la feria judicial y las vacaciones escolares. Hasta ahora, solo tres días hábiles han sido contabilizados, dejando en suspenso el desenlace de esta disputa legal que enfrenta derechos individuales con responsabilidades colectivas y normativas de salud pública.
