Samuel Campusano Dulanto ha vuelto a los titulares tras ser sentenciado a 8 años de prisión preventiva y convertirse en el primer condenado por el caso Odebrecht en el Perú que ha procesado el equipo especial Lava Jato hasta la fecha. A este exfuncionario del Ministerio de Economía y Finanzas se le imputa el delito de tráfico de influencias por el caso 'Bonos Soberanos'.
Tras la investigación por parte del equipo especial Lava Jato sobre los delitos de corrupción por parte de Odebrecht en el país, varios implicados se sumaron como aspirantes a colaboradores eficaces. Uno de ellos, el colaborador 10-2018, declaró que las constructoras Obrainsa y Concar realizaron pagos ilícitos por S/ 5,8 millones al exgobernador del Cusco Jorge Acurio, con el fin de obtener beneficios en los contratos de las redes viales del Cusco 1 y 3 entre los años 2012 y 2013.
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Por su parte, Renato Ribeiro Bortoletti, exdirector de Contratos de Odebrecht, confirmó la información con sus declaraciones ante la Fiscalía y complementó la información: Aceptó ser el intermediario entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la constructora brasileña para recibir bonos 'soberanos' por 117 millones de soles para financiar la Vía de Evitamiento de la región Cusco.
Además, según lo manifestado por Ribeiro, Samuel Campusano Dulanto ofreció sus servicios a Ribeiro para conseguir que el MEF le transfiriera los recursos que requería para llevar a cabo la ejecución del proyecto en Cusco. Señalando que todo se podría realizar gracias a un alto funcionario que resolvería la emisión de los bonos: Pedro Cobeñas Aquino.
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Durante las investigaciones y con el levantamiento del secreto bancario de los implicados, se verificó la participación activa de Pedro Cobeñas en todas las etapas que autorizaron la emisión de bonos soberanos internos por un valor de S/177.9 millones destinados al Gobierno Regional del Cusco, con el fin de que esta entidad pudiera saldar sus deudas con Odebrecht.
Como contraprestación a esta operación, Campusano y Cobeñas habrían recibido pagos de Odebrecht camuflados bajo el disfraz de servicios de asesoría, los cuales fueron facilitados a través de contratos falsos elaborados por los abogados Héctor Gutiérrez Quispe y Gustavo Montecinos Atao.
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Ante la prueba de los implicados, el juez Jorge Chávez Tamariz tomó la decisión en el 2020 de llevar a juicio al exfuncionario del MEF Pedro Cobeñas, por el presunto delito de cohecho pasivo propio al recibir dinero de manera ilícita. Y contra Samuel Campusano Dulanto, quien fungió como intermediario de Odebrecht por tráfico de influencias en este caso.
Recientemente, el jueves 27 de junio, el juicio concluyó con la imposición de ocho años de prisión a Samuel Campuzano Dulanto, señalado como intermediario de las coimas ofrecidas por la empresa Odebrecht. A Pedro Coveñas Aquino se le impuso una condena de seis años de prisión suspendida por el delito de cohecho. Por otro lado, Gustavo Montecinos Atao recibió una pena de dos años de prisión suspendida por encubrimiento real.
