En 2020, Diana Aleman tenía 27 años, vivía en Lima con su pareja y tenía dos hijas de solo 5 y 3 años de edad. Durante la pandemia del COVID-19, en julio de ese año, comenzó a sentir dolores intensos en el vientre. Por ello, acudió a un centro de salud, donde le informaron que estaba embarazada. Sin embargo, tenía un aborto espontáneo en curso.
Diana decidió ir de emergencia al Hospital María Auxiliadora, en el distrito de San Juan de Miraflores. En un primer momento, el personal no la quiso recibir aludiendo medidas de prevención contra el COVID-19. Luego, condicionaron la atención a la realización de un pago y la compra de insumos médicos.
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Después de varias horas, y tras haber cumplido los requisitos solicitados, recibió atención. Mientras se recuperaba del legrado uterino, el personal de salud del Hospital María Auxiliadora le informó que sería denunciada ante la PNP por el aborto. Por temor a la persecución penal, Diana intentó escapar por la ventana, pero falleció al caer desde el tercer piso.
La familia de Diana impulsó una serie de investigaciones alrededor del caso. Sin embargo, todas fueron archivadas ya que el personal de salud concluyó que Diana se habría suicidado.
"Esta decisión no tuvo fundamento probatorio y fue producto de una investigación que no cumplió con estándares mínimos de debida diligencia y en la que estuvieron presentes, de manera continua, múltiples estereotipos de género. Dentro de dichos estereotipos está la presunción de que un aborto necesariamente genera altos niveles de culpa, trastorna el proyecto de vida de las mujeres y puede llevar al suicidio", se lee en una nota de prensa.
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Cuatro años después, el último martes 25 de junio, tres asociaciones civiles presentaron el caso de Diana Alemán ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), instancia adscrita a la Organización de Naciones Unidas (ONU). La medida busca que el CEDAW declare la responsabilidad del Estado peruano respecto a la muerte de la joven venezolana.
Además, se exige que el Gobierno tome medidas para la formación de un marco normativo adecuado en materia de aborto y de confidencialidad médica. La petición fue presentada por Brenda Álvarez (miembro de la Asociación Proyecta Igualdad y Justicia Verde del Perú), la Iniciativa Salud y Derechos Humanos del Instituto O'Neill y la organización Ríos.
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En la comunicación enviada, se solicita al Comité que declare que el Estado peruano violó los artículos 2, 3, 5, 12 y 15 del Tratado de la CEDAW y que se compense adecuadamente a la familia de Diana, incluyendo acceso a tratamientos de salud, seguro de salud y regularización migratoria. Además, se pide al Comité publicar su decisión y realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas.
Para evitar que estos hechos se repitan, las representantes pidieron al Comité recomendar al Estado derogar la obligación de denunciar a mujeres que buscan atención postaborto contenida en el artículo 30 de la Ley General de Salud, implementar protocolos para garantizar la confidencialidad, eliminar las sanciones penales al aborto voluntario y adoptar programas de formación para el personal de salud y funcionarios judiciales, del ministerio público y la policía.
Dayana Alemán, hermana de Diana, insistió al Comité: "Queremos que esta denuncia evite que otra mujer pase por lo mismo que a Diana en un hospital de este país".
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Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.
Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).
