La reforma legal que establecerá el reparto obligatorio entre comunidades autónomas de los menores extranjeros no acompañados -conocidos como menas- llegados al archipiélago canario abre una grieta en los Ejecutivos autonómicos de PP y Vox , que gobiernan en coalición en Castilla y León, Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana y Región de Murcia. Fuentes del partido de Santiago Abascal «valoran» ahora todas las opciones y no descartan romper sus pactos de gobierno en aquellas comunidades que acepten esta redistribución obligatoria por ley. Señalan que podría tratarse de la mayor crisis a la que se enfrentan ambas formaciones y recuerdan el encontronazo en el Ejecutivo de Aragón que ya se produjo con la acogida de 13 de estos menores inmigrantes. En aquella ocasión, dicen las mismas fuentes, los de Feijóo entendieron el mensaje. Habrá que ver si ocurre ahora lo mismo. [En ampliación]
