El Congreso ha aprobado este jueves la Ley de Paridad, que obligará a que exista una representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión, entre ellos el propio Consejo de Ministros y también los consejos de administración de las grandes empresas. Un texto que la coalición progresista ha recuperado de la legislatura pasada, cuando su tramitación decayó por el adelanto electoral. La ley viajará ahora al Senado y volverá a la Cámara Baja previsiblemente en julio para su aprobación definitiva. Solo PP y Vox han votado este jueves en contra de la norma.
El texto es un paso más en el camino que inició la Ley de Igualdad de 2007, aprobada por el Gobierno de Zapatero y que ya incluía el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres tanto en las listas electorales a cualquier comicio como en los nombramientos hechos por los poderes públicos. No era una obligación, eso sí, que las listas tuvieran alternancia estricta ni que los gobiernos cumplieran con la paridad. Tampoco contemplaba sanción si las empresas no cumplían con las recomendaciones.
“Hoy es un día histórico”, ha celebrado la ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, en su intervención en el Congreso para defender el texto. “Se remueve una injusticia social e histórica. No se puede avanzar, no cabe mérito y capacidad. Sin igualdad no existe esa idea que aquí se ha expuesto de que se puede avanzar únicamente con mérito y capacidad si previamente no hay igualdad”, ha sostenido.
“Con esta ley abrimos la esperanza a las mujeres y a los hombres de todos los países que ven que están en regresión sus derechos. Y les decimos que hay otra forma de hacer política, que hay otra forma de ser gobierno, que hay otra forma de hacer un mundo mejor. Y esta ley es precisamente ese ejemplo”, ha defendido a continuación.
La ley que ha aprobado este jueves la Cámara Baja estipula que hombres y mujeres se integrarán en las listas electorales con una “alternancia total”. Hoy, el 44% de los escaños del Congreso y el 39% del Senado están ocupados por mujeres, recuerdan los socialistas. La Ley de Igualdad ya contemplaba las listas paritarias pero no obligaba a esa alternancia en forma de cremallera, de manera que podía sortearse, por ejemplo, situando a más mujeres en últimas posiciones o con pocas probabilidades de salir elegidas.
Según la nueva norma, las candidaturas electorales deberán tener una composición paritaria de mujeres y hombres, integrándose las listas por personas de uno y otro sexo ordenados de forma alternativa. La reforma se aplicará a todos los procesos electorales: elecciones de diputados y diputadas al Congreso, municipales, de miembros de los consejos insulares y de los cabildos insulares, diputados al Parlamento Europeo y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades. También se aplicará cuando las candidaturas para el Senado se agrupen en listas.
Además, en el nombramiento de las personas titulares de las Vicepresidencias y los Ministerios del Gobierno de España, se garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres.
Lo mismo ocurrirá en las grandes empresas. Según la versión inicial del texto, las empresas afectadas por esta reforma deberán asegurar que su consejo de administración tenga una composición con presencia, como mínimo, de un 40% de consejeros del sexo menos representado, y velarán por que esta composición concurra también en la alta dirección de la empresa. No obstante, durante el trámite de enmiendas, Podemos negoció con el PSOE que el porcentaje de mujeres pueda superar el 60% si se justifica de forma adecuada. El partido morado quería evitar así que el sexo históricamente menos representado pueda tener ahora algún freno si en algún caso su participación sobrepasara esa cifra.
“Hoy, con los votos imprescindibles de Podemos, hemos logrado romper esa cuota de hombres, que era un problema estratégico con esta ley tal y como la había traído el Partido Socialista. El gabinete ministerial de Irene Montero habría tenido que despedir mujeres”, ha dicho la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, este jueves en el Congreso. “Nos parecía que ese gravísimo error hacía incompatible nuestros votos con la ley, y gracias a esa presión hoy hemos roto la cuota de hombres”, ha defendido.
Esta regulación será aplicada a todas las sociedades cotizadas, “también a aquellas entidades consideradas, según la Ley de Auditoría de Cuentas, como entidades de interés público, cuando reúnan los siguientes requisitos: 1) número medio de trabajadores empleados en el ejercicio superior a 250; 2) importe neto de la cifra anual de negocios superior a 50 millones de euros o total de partidas de activo superior a 43 millones de euros”.
Las indicaciones de la ley de igualdad de 2007 sobre representación equilibrada también afectaban a los consejos de administración de las empresas, pero no dejaban de ser recomendaciones que, de no ser cumplidas, no suponían sanción, algo que quiere cambiar esta norma. En el año 2021, solo el 29% de los puestos en los consejos de las sociedades cotizadas los ocupaban mujeres.
El PP ha rechazado este texto al considerar precisamente que la enmienda de Podemos desvirtúa su contenido. “El Gobierno de Pedro Sánchez, literal, la destroza hasta lo inimaginable, borrando incluso su propio espíritu, haciendo saltar por los aires el artículo cinco al vender la paridad real por un puñado de votos. Exactamente cuatro, los de Podemos, que han decidido que solo se respete el límite del género infrarrepresentado”, ha dicho el diputado Jaime de los Santos desde la tribuna.
Pero una de las principales críticas por parte de los populares se ha centrado en la enmienda que han colado el Partido Socialista y Sumar en esta ley para tratar de quitar al Senado el poder de veto irrevocable a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública que anteceden a los Presupuestos Generales del Estado, un bloqueo que el PP ya ha utilizado dos veces este mismo año dada su mayoría absoluta en la Cámara Alta.
Fue el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro quien introdujo una cláusula en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 obligando a que el conocido como techo de gasto tuviera el visto bueno del Congreso y del Senado, sin que haya opción a poder levantar el veto en la Cámara Baja.
En su justificación, PSOE y Sumar esgrimen que España necesita de un procedimiento de aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública “que sea ágil y adecuado a la importancia de cada órgano constitucional en el sistema institucional”.
“Los que instrumentalizando nuevamente a las mujeres han vuelto a asestar un golpe al Estado de Derecho al incluir unas enmiendas en su texto que, además de robarle al Senado una de sus prerrogativas y, por tanto, a los ciudadanos y ciudadanas a los que representamos las Cortes Generales, contravienen la Constitución”, ha denunciado el diputado del PP. “A sus señorías de la izquierda radical socialista hace mucho que no les preocupa la Constitución ni la sacrosanta separación de poderes, ni nada que sea sinónimo de respeto institucional”, ha insistido.
