Si se aprueba la reforma judicial en los términos en que está redactada en estos momentos, un aspirante a ministro, magistrado o juez, deberá tener recursos económicos propios, a menos que el INE vaya a autorizar una partida especial a todos los candidatos, para hacer campaña entre los electores y buscar el triunfo en la elección respectiva.
Ya no será necesario que estos aspirantes posean los principios de imparcialidad, autonomía, independencia, profesionalismo y ética judicial, en cambio, sí será requisito indispensable que estén vinculados, aunque sea de forma tangencial con los partidos políticos, en especial con el bloque oficialista compuesto por Morena, PVEM y PT; además de contar con un capital propio o de algún “desinteresado patrocinador” para pagar la campaña y los gastos que conlleva esta, como cubrir los honorarios de algún especialista en marketing político.
Sobra decir que debe adecuarse todo el andamiaje judicial para establecer los principales lineamientos de la reforma judicial en la Constitución, además de elaborar y aprobar las leyes secundarias respectivas para darles operatividad.
Si la ciudadanía quedó saturada mentalmente, luego del bombardeo indiscriminado de la propaganda electoral en los medios de comunicación electrónicos, además de toda la publicidad ambulante, no quiero pensar que pasará cuando un número ilimitado de candidatos para cubrir las plazas de ministros, magistrados y jueces, estén en plena promoción de sus atributos personales.
En general, se desconocen los nombres de los senadores, diputados federales y locales que llegarán a ocupar sus escaños y curules como resultado los comicios del 2 de junio, pues en menudo lío estaremos con las listas de aspirantes a ocupar un lugar en el Poder Judicial.
Ni López Obrador sabe lo que implica, en términos electorales, presupuestales, lineamientos judiciales y requisitos para los aspirantes, su pretendida reforma judicial, a él solo le importa cobrar revancha contra el máximo tribunal del país, porque no se alinearon a sus designios.
Por una venganza, un resentimiento, se trastocará no solo el orden constitucional, sino la autonomía de los tres poderes de la Nación, además del régimen democrático, al tiempo de afectar los derechos de miles de trabajadores del Poder Judicial.
Esta reforma provocará inestabilidad, abrirá la puerta de par en par al crimen organizado para que tomen el control de los juzgados y tribunales y a grupos empresariales sin escrúpulos, además de que afectará a la sociedad que lleva casos en materia civil, penal, laboral, administrativa y telecomunicaciones, entre otros rubros abiertos a litigios.
Veremos en los foros del parlamento abierto que organiza la Cámara de Diputados en torno a la reforma judicial, posicionamientos doctos que se contraponen al sueño revanchista del presidente López Obrador, aunque para la obsesión del tabasqueño, no tendrán relevancia y menos se incorporarán en la redacción final de la multicitada iniciativa presidencial.
Se dice que participaran los ministros de la SCJN en los foros, así como representantes de las barras y colegios de abogados, amén de un número indeterminado de jueces y especialistas que esgrimirán toda clase de argumentos técnicos y jurídicos para desacreditar la reforma judicial, que en opinión de muchos de ellos, nacerá muerta, porque no podrá implementarse, sobre todo para cambiar a todos los jueces federales, magistrados y ministros.
Al presidente le bastaría que le reforma judicial se concretara a la elección directa de los ministros de la SCJN y con eliminar a la Judicatura Federal, para dar paso a dos nuevos organismos judiciales que cubran los aspectos administrativos y de vigilancia, y para disfrazar la persecución que emprende contra estos representantes del poder judicial, se aventó la puntada de elegir mediante el voto popular a todos los impartidores de justicia.
Si realmente se quisiera reformar auténticamente al poder judicial, se abriría el debate a toda la sociedad y se considerarían las opiniones de las voces más calificadas para su contenido, que debería estar redactado por especialistas en la materia.
Es una realidad que parte del poder judicial está podrido principalmente por la corrupción y por ello se requieren establecer los controles legales para impedirla, pero de eso a trastocar a toda la estructura judicial por un capricho y por satisfacer venganzas personales, pues no se vale y menos a estas alturas del partido en donde está por entrar una nueva jugadora.
