Las familias madrileñas de niños con trastorno del espectro autista (TEA) comenzaron el curso 2023-2024 plantando cara a la Comunidad de Madrid (CAM) y no dudaron en aunar esfuerzos y denunciar al Gobierno madrileño por la puesta en marcha de la Resolución 254 que, a juicio de los afectados, vulnera los derechos de estos menores. Por suerte, las cosas parecen que van a cambiar, pues el Consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana Duro , anunció la semana pasada en la Asamblea de Madrid que derogarían dicha medida. «Lo que no sabemos es cuándo. De momento, la derogación no se ha publicado. Confío en que lo hagan», declara a ABC Laura Abadía Benito , presidenta de la Asociación Segundo Maestro , entidad que lidera la impugnación de la normativa. Por tanto, de momento, la alegría y euforia de las familias afectadas es contenida. «Nadie nos ha dicho nada -continúa-. A pesar de todas las reuniones que hemos tenidos con la Consejería, nos hemos enterado por las declaraciones del consejero en la Asamblea. De hecho, hace un mes aproximadamente que tuvimos el último encuentro y nadie nos comunicó nada». La Resolución 254 había sido la última medida que decidió poner en marcha la CAM el pasado otoño y que permitía el aumento de ratios en las aulas específicas para alumnos con TEA de cinco a siete pero sin reforzar el número de profesionales , tal y como denunciaron los afectados, o sin la aplicación de las metodologías específicas de calidad que requieren estos alumnos. Tampoco proporciona la suficiente formación específica a los profesionales que trabajan con estos niños, quienes, además, pueden ser sacados de su aula por una decisión unilateral de la Comisión Técnica Interterritorial (CTI). Las familias han denunciado desde el principio la opacidad de este órgano porque la CAM jamás clarificó ni especificó cuáles eran los criterios para la inclusión o acceso del alumnado a las aulas TEA-TGD por la CTI, así como los baremos, el procedimiento que sigue, cómo se notifica o cuáles son las formas de reclamación. Todo ello, según los afectados, hacía que la nueva normativa fuese contraria a la LOMLOE, a la Constitución o a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Según declaró Viciana en la Asamblea, «nosotros escuchamos siempre a las familias, nos ponemos siempre de su parte. Por eso, anuncio que desde mi Consejería vamos a proceder en los próximos días a dejar sin efecto esta Resolución. Hemos tomado esta decisión tras habernos reunido con asociaciones como Segundo Maestro o Atelma y hemos esperado a que finalice el curso para tomar la decisión y aplicar los nuevos criterios a partir del curso que viene». De momento, la derogación no ha sido publicada y aunque Abadía confía en que se haga en los próximas días, «nosotros seguimos adelante con el contencioso administrativo. De hecho, este viernes 28 de junio tenemos que presentar las conclusiones de nuestro informe y así lo vamos a hacer. Seguiremos adelante mientras no publiquen la derogación». De hecho, la presidenta de la Asociación Segundo Maestro ha asegurado a ABC que se ha puesto en contacto con Pablo Posse , diputado de la Asamblea de Madrid y portavoz de Educación, para preguntarle por la derogación. «De momento, hasta este miércoles 26 de junio por la mañana, no me ha contestado. Le he indicado también que vamos a presentar los papeles este viernes». En cuanto a la intención del Consejero de «aplicar los nuevos criterios a partir del curso que viene», Abadía reconoce que esas palabras le «suenan mal». «Si están pensando en desarrollar criterios en la misma línea que la Resolución 254, como no cumplan con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo vamos a llevar de nuevo ante la justicia». La experta recuerda que «los alumnos con discapacidad de la CAM ya tenían normativa sobre cómo atenderlos de la mano» gracias a la Ley 1/2022, de 10 de febrero, Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid , y del Decreto 23/2023, de 22 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la atención educativa a las diferencias individuales del alumnado en la Comunidad de Madrid . «Ambas funcionan perfectamente -prosigue-. Sin embargo, lo que la CAM nos ha transmitido en las reuniones que hemos mantenido es que no están contentos con los orientadores, cuyo trabajo pretendía limitar la Resolución 254. Y esto es una equivocación porque lo que pretenden es limitar los recursos». En su opinión, la educación de los menores con necesidades especiales «no se puede regular con instrucciones como la Resolución 254, sino con normas de rango de ley. Por tanto, sería más adecuado modificar el Decreto 23/2023 aunque, insisto, ya tenemos la normativa adecuada. Poner demasiadas normas en circulación nos perjudica a todos».
