El AyA es una de las instituciones más deficientes del Estado. También es una de las más difíciles de reparar pese a la creciente importancia de sus funciones.
Un reciente informe de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) pone de manifiesto las consecuencias ambientales y económicas del enorme desperdicio de agua cometido por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), una de las instituciones más deficientes del Estado. También es una de las más difíciles de reparar pese a la creciente importancia de sus funciones.
El AyA desperdicia o deja de cobrar 57 de cada 100 litros de agua extraídos de fuentes superficiales y subterráneas cuya recuperación se hace cada vez más difícil debido, entre otros motivos, a factores climáticos cíclicos, como el fenómeno de El Niño, y otros más permanentes, producto del calentamiento global.
Las fugas en las tuberías, las conexiones ilegales, los errores de los hidrómetros y otros factores causantes del derroche son bien conocidos desde hace décadas, pero el AyA está lejos de saber cómo enfrentarlos. La esperanza más reciente es el plan llamado Reducción del agua no contabilizada y mejoramiento de la eficiencia energética (RANC-EE), iniciado en el 2019 y con apenas un 10% de avance cuatro años más tarde.
El año pasado, el gobierno estuvo a punto de cancelar la iniciativa, financiada desde el 2015 con un préstamo de $130 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), una donación del banco alemán KfW y una contrapartida de $30 millones del AyA. El propósito es sellar gran parte de las fugas y controlar mejor la producción y bombeo del agua.
El valor del agua desperdiciada, según la Aresep, es de ¢90.995 millones, pero el daño más grave a largo plazo es la sobreexplotación de las fuentes porque para mantener el abastecimiento, donde y cuando lo logra, el Instituto debe extraer lo requerido para el uso y el desperdicio.
Como si la limitación natural no existiera y las condiciones del clima no presagiaran mayores dificultades, el AyA mantiene el derroche seguro de recuperar, mediante tarifas, sus costos de extracción y bombeo del líquido. Así, al daño ambiental se suma el impacto sobre las finanzas de los consumidores.
La Aresep sostiene, con evidente razón, que en esas circunstancias no hay incentivo para mejorar. En consecuencia, decidió dejar de reconocer el 10% de los costos cada dos años para obligar al Instituto a cumplir el principio de servicio al costo sin cargar en hombros de sus clientes un derroche del cual no son responsables.
La medida parece justa, pero dista de ser siquiera el inicio de una solución. Su efecto inmediato es, más bien, la reducción de los recursos con que cuenta una entidad necesitada de invertir en múltiples proyectos con la mayor prontitud. El AyA acaba de anunciar un plan para desarrollar 45 obras “de alta prioridad”, con una inversión de $564 millones.
Esa suma ni siquiera contempla el proyecto Orosi II, cuyo costo ronda $399 millones, según el préstamo adquirido en noviembre del 2020 con el BCIE. El plazo de formalización venció dos años más tarde sin que el AyA aprovechara los recursos destinados a abastecer de agua a 638.000 habitantes de 15 cantones de San José, Heredia y Cartago.
En un comentario al pie de las noticias, un lector preguntó para qué construir Orosi II mientras desperdiciamos el 57% del agua. La pregunta es lógica, tanto como la limitación del reconocimiento de costos por la Aresep, pero urge pensar en el futuro, y el único camino para asegurar la suficiencia de un recurso tan necesario es replantear el AyA y todo el sistema de abastecimiento. Ningún plan de gobierno futuro debería omitir medidas, no solo para frenar el desperdicio y desarrollar la infraestructura necesaria, sino para reconocer la importancia estratégica del AyA y darle la funcionalidad correspondiente.
