El titular del Ministerio de Educación (Minedu), Morgan Quero, solicitó al Congreso de la República aprobar el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para que los delitos sexuales cometidos por docentes no prescriban y además, sean inhabilitados de por vida en sus funciones.
El ministro hizo esta solicitud al referirse a las acciones que su gestión está desarrollando ante las denuncias de violación a escolares de las comunidades wampis y awajún en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas.
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Quero recordó en una conferencia de prensa posterior a la sesión del Consejo de Ministros que, en octubre del año pasado, el Gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley para modificar la Ley Nº29944 de la Reforma Magisterial. Esta propuesta dispone que los docentes denunciados por hostigamiento sexual sean inhabilitados.
El proyecto de ley también considera que las conductas asociadas al hostigamiento sexual, como la violación, no prescriban en el sector educativo. Por ello, Quero pidió a la Comisión de Educación del Congreso revisar la propuesta en la próxima legislatura.
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El 30 de mayo, Rosemary Pioc, profesora y presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, informó que entre 2010 y 2024 se registraron 524 acusaciones formales contra profesores por agresiones sexuales a estudiantes.
De estos casos, 519 involucraban a docentes contratados y 5 a docentes nombrados. Las resoluciones resultaron en 112 destituciones, 4 ceses, 82 absoluciones, 61 casos sin proceso administrativo disciplinario, 194 prescripciones y 71 casos pendientes.
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Ante estas denuncias, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció medidas estrictas contra los docentes acusados de violación sexual a estudiantes de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Condorcanqui, en Amazonas.
Para cumplir con estas medidas, se gestionó una transferencia de aproximadamente 4 millones de soles. De estos fondos, 1.17 millones de soles se destinarán a mejorar los servicios educativos en la provincia de Condorcanqui.
José Martínez Adanaqué, presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes (CPPADD) de la UGEL Condorcanqui, informó que un solo abogado está a cargo de las 532 denuncias por abuso sexual contra escolares en esta localidad. En una conversación con La República, explicó que esto se debe a la falta de presupuesto, interés y apoyo del Gobierno.
Martínez advirtió que la demora en los casos puede llevar a la prescripción de estos, lo que permite que los docentes acusados continúen enseñando. Esta situación es particularmente peligrosa en las escuelas de comunidades remotas. Desde 2010, la CPPADD de Condorcanqui enfrenta una serie de carencias, como la falta de canoas y combustible para llegar a las comunidades nativas, algunas a tres días de distancia, y recoger testimonios. Ante esto, Martínez exige un mayor presupuesto para la comisión.
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“Cuando la prensa en Lima difunde el tema de los docentes acusados de abuso sexual, los ministerios nos ayudan temporalmente, pero luego se olvidan. Necesitamos un apoyo permanente, no temporal”, afirmó Martínez.
Además de las denuncias por abuso y hostigamiento sexual, se registran casos de maltrato psicológico y físico. En total, hay más de 975 expedientes pendientes de investigación debido a la falta de recursos.
