Abandonados por el Estado. Solicita al Ministerio de Cultura socializar con apus de comunidades nativas para evitar que ‘castiguen’ al agresor sexual con una multa de entre S/500 y S/5.000, según sus reglamentos. Fiscal provincial denuncia diversas limitaciones.
En la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, las autoridades tienen dificultades para recoger los testimonios de las víctimas de violación sexual, ya que no cuentan con movilidad terrestre ni fluvial para llegar a las comunidades indígenas. Eso genera impunidad e injusticia.
Por ello, el alcalde de Condorcanqui, Hermógenes Lozano, pidió al Estado dotar de logística a la PNP, la UGEL y la Fiscalía para que los casos de abusos sexuales contra menores sean atendidos inmediatamente.
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“Las comunidades están a 8 horas y algunas a 6 días. El helicóptero solo actúa cuando hay una emergencia de salud”, dijo.
Solicitó también que intervenga el Ministerio de Cultura porque las comunidades nativas tienen sus propios reglamentos internos que refieren que si alguien abusa de una niña debe pagar entre 500 y 5.000 soles.
“Es importante que el Ministerio de Cultura socialice con todos los apus porque desconocen el tema. Ese ‘castigo’ deben sacarlo (de sus reglamentos) para evitar impunidad. Esos hechos deben sancionarse penalmente. Esas violaciones no pueden quedar impunes por plata”.
Al respecto, el fiscal provincial de Condorcanqui, Erlin Medina Molocho, señaló que en los últimos 3 años se han registrado 301 involucrados en hechos de hostigamiento sexual (violación, tocamientos indebidos, actos libidinosos y acoso a menores). De esta cifra, 27 son sentenciados, 47 acusados, 50 contumaces, 84 formalizados y 93 tienen investigación preliminar.
Señaló que hay personas en el centro penitenciario de Bagua Grande cumpliendo condena y también prisión preventiva.
Exige denunciar hechos
El fiscal afirmó que podrían haber más casos si se toman en cuenta los que fueron archivados o sobreseídos, debido a que las comunidades nativas los solucionaron según sus reglamentos internos. Al igual que el alcalde, informó que en esos reglamentos el agresor sexual debe pagar un monto de dinero que puede llegar a 5.000 soles.
“Algunos apus, dada la lejanía, me dicen que son capaces de solucionar sus conflictos. Por eso, muchas veces tengo varios casos donde llegan a acuerdos. Aunque cuando el agresor no cumple el pago económico, recién llegan a la Fiscalía”, explicó.
En ese marco, el fiscal dijo que son respetuosos de los apus; aunque les piden que incorporen en sus reglamentos internos que cuando se cometan ese tipo de abusos sexuales en “lugar de arreglar con los agresores por dinero, estos sean entregados a las autoridades para que paguen”.
Serias limitaciones
El fiscal dijo no cuentan con transporte fluvial, ni con cámara Gesell. “Solo hay 3 fiscales en Condorcanqui para ver todas las denuncias de abuso sexual. Tampoco hay médico legista”.
Finalmente, el Ministerio de Salud prevé que en julio ingresen tres brigadas a las comunidades nativas de Amazonas para realizar tamizajes de VIH.
