La negociación sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre el ministro de la Presidencia y ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP, Esteban González Pons, se desarrolló en su última fase en paralelo a las gestiones que activó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para informar personalmente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a otros principales notables del partido sobre el contenido del acuerdo que se firmaba con el Gobierno. Feijóo consiguió de esta manera armar un gran consenso que se visualizó de manera inmediata, nada más hacerse público el pacto, en una acción concertada en las declaraciones y en los tiempos.
El partido funcionó como una máquina bien engrasada, en una acción estratégica conjunta que casi puede decirse que no se veía desde la etapa de José María Aznar. Cuando los populares perdieron aquellas elecciones de 2004, el PP entró ya en la dinámica de la división entre las dos almas, la de los moderados y la de los duros, una pulsión interna que ha tenido momentos de mayor y de menor tensión, pero que siempre se ha mantenido ahí, amenazante sobre el liderazgo del partido con el apoyo de las voces externas que se creen con derecho a actuar como juez y parte en la definición de la estrategia de la dirección.
Y en este «combate» que ha supuesto la negociación de la renovación del Poder Judicial, Feijóo se jugaba mucho en clave interna y también externa. Cualquier mínimo matiz o mal manejo de los tiempos en los pronunciamientos de algunas figuras destacadas de su partido sobre la gestión realizada habría abierto camino a los que estaban ya preparados con la «espada» en la mano para saltar sobre la cabeza del líder popular.
El riesgo no estaba en la izquierda sino en la derecha, y no solo en la derecha de Vox. En las horas previas a conocerse el contenido del acuerdo, desde alguna dirección regional, no Madrid, ya se estaba alentando la tesis de que se montaría un «gran lío» con la apuesta por sacar adelante el pacto con el Gobierno en esta coyuntura. Con el frente judicial abierto contra Sánchez, con un Supremo en dura oposición contra la amnistía, y en un momento en el que la evolución de algunos de los casos de corrupción que afectan al PSOE o al entorno del presidente sigue alentando la expectativa de que pueden ser un problema más grande de lo que dice Moncloa. Estas voces preparaban ya la revuelta para iniciar un proceso de filtración de informaciones, firmadas en «fuentes», contra la decisión aprobada por Génova. Informaciones que tendrían su eco en satélites mediáticos de la órbita de la derecha.
Feijóo ha conseguido un acuerdo que le permite salvar una situación heredada –él defendió la necesidad del pacto por respeto institucional cuando estaba al frente de la Presidencia de la Xunta– y salir de una espiral en la que no se sentía cómodo porque no era compatible con su discurso de compromiso con el sentido de Estado y el respeto institucional. En juego estaba además el propio interés del partido de no quedarse fuera del tren de la renovación de todos los órganos regulatorios pendientes y, también, el riesgo de tener que asumir una parte del descrédito que suponía la amenaza de la UE de hacer una seria reprimenda al Gobierno, y algo le habría caído al principal partido de la oposición, por mantener enquistado un problema que llevaba a España a estar al límite de verse equiparada con Hungría y Polonia en el informe de la Comisión Europea del Estado de Derecho.
En el PP le reconocen el golpe de liderazgo y de autoridad, y ponen muy en valor que haya conseguido armar un partido, tras la crisis en la que lo recibió de la etapa de Casado, en el que vuelve a someterse todo a la disciplina de la unidad. La izquierda, por ejemplo, insiste en alentar diferencias y choques entre Feijóo y Ayuso, pero ya no es un mensaje que cale ni dentro ni fuera del partido. Dentro, porque ven el tipo de relación que mantienen los dos, que conversan a menudo, y externamente porque no hay mayor desmentido que la movilización que ayer hicieron desde el entorno de la presidenta para amplificar su apoyo al acuerdo y poner en valor los logros alcanzados por Feijóo.
También es cierto que Sánchez ha ganado tiempo en el enfrentamiento que su Gobierno mantiene con el Poder Judicial. Puede haber quien piense que esto le blanquea en este ámbito, y que ahora tendrá menos fuerza el choque institucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Pero el coste de mantener ese pulso era muy grande, y este acuerdo no afecta a las decisiones que sigan tomando los tribunales, sobre todo el Supremo, en el desarrollo de la Ley de Amnistía.
El pacto sobre el CGPJ deja un riesgo evidente encima de la mesa, y que se deriva de la posibilidad de que el bloqueo político se traslade ahora al ámbito judicial. Entre el bloque conservador y progresista dentro del nuevo Consejo. Un bloqueo que podría hacer difícil sacar adelante el nombramiento del nuevo presidente del Supremo, pero también armar la propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales que el acuerdo firmado en Bruselas les obliga a presentar ante el Congreso en el plazo de seis meses.
Pero, como dicen en la negociación, eso ahora ya queda en manos de los jueces. Al Gobierno lo que más le importa de manera inmediata es el Tribunal Supremo, que, por cierto, estaba a punto de colapsar. Por ahí pasa la amnistía, pero también puede pasar el caso de Begoña Gómez o el del fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, si se decide elevar su imputación por revelación de secretos.
