El órgano fiscalizador denuncia en un informe diversas irregularidades en la forma de proceder de la compañía, que tiene reconocida la condición de medio propio
El Grupo Tragsa, de capital íntegramente público, es uno de los principales beneficiarios de las obras que las administraciones adjudican de forma discrecional. La compañía tiene reconocida la condición de medio propio, por lo que es contratada de forma directa por entidades públicas para realizar trabajos que se consideran urgentes o para los que no se quiere recurrir a un procedimiento de contratación competitivo al uso. Para comprobar si estas adjudicaciones son una opción más eficiente que la contratación pública, así como más sostenible y eficaz, el Tribunal de Cuentas ha fiscalizado la actividad de Tragsa de los años 2021 y 2022. Y aunque concluye que los encargos, con carácter general, se ajustan a las disposiciones generales en la materia, también detecta deficiencias e irregularidades en los expedientes analizados.
El órgano fiscalizador destaca en primer lugar que Tragsa, originariamente creada para la consecución de los objetivos de reforma y desarrollo agrario, forestal y de conservación de la naturaleza, "ha visto extendida su actividad a ámbitos distintos de los mencionados que exceden el contenido de su objeto social". De hecho, en el 34% de los expedientes, "existe ausencia de correlación entre el contenido de los encargos y la cualificación del personal asignado a la ejecución", según consigna.
El Tribunal de Cuentas pasa a detallar después en el informe, fechado el pasado mes de febrero, las deficiencias que ha detectado. Así, asegura que en la ejecución de los encargos de emergencia ha observado "debilidades y/o deficiencias como la ausencia de actas de recepción, de formalización de los excesos y/o modificados y de relaciones valoradas o facturas". Asimismo, ha encontrado "ampliaciones no justificadas en una necesidad de actuar de manera inmediata". "Tragsa asume encargos por supuestos de urgencia y emergencia, sin dejar constancia en los expedientes de las circunstancias que fundamentan la urgencia o emergencia", resume.
El informe también pone de manifiesto que, en los archivos de Tragsa, la mayor parte de los expedientes están incompletos. "Con frecuencia falta la memoria, el presupuesto aprobado y/o el pliego de prescripciones", explica, añadiendo también que los encargos de Tragsatec ejecutados por Tragsa "carecen de memoria justificativa".
El Tribunal de Cuentas añade al respecto de estas deficiencias que, aunque las entidades que encargan los contratos tienen previstos controles durante su ejecución, en 14 expedientes, seis de ellos de emergencia, no se ha dejado constancia en los archivos de la compañía de ningún tipo de control.
El organismo también dedicada una amplia parte de su informe a analizar las subcontrataciones de Tragsa y advierte de que "no se aprecia control sobre las contrataciones a terceros". "Algunas actuaciones ejecutadas por Tragsa para encargos de Tragsatec han superado el límite legal del 50% de contratación externa". El informe consigna que la consideración de la compañía como medio propio personificado de una cada vez mayor pluralidad de entidades públicas le ha obligado a tener que contar con una elevada plantilla de personal temporal, "lo que pone en cuestión la suficiencia de sus recursos de personal para acometer el creciente número de encargos que está recibiendo". En el 27% de los expedientes, más del 70% del importe de los encargos fue ejecutado con personal temporal, según explica el Tribunal de Cuentas. "El uso excesivo de esta modalidad de contratación ha derivado en "una elevada litigiosidad y en la necesidad de dotar provisiones para hacer frente a las responsabilidades derivadas de las reclamaciones", añade.
El tribunal concluye sobre este apartado que ha detectado "debilidades en el control y seguimiento de la subcontratación, que se desprenden de las discrepancias en el porcentaje reflejado en los diferentes documentos del expediente".
El uso de medios propios por parte de las administraciones está en el punto de mira de la patronal de la construcción (CNC). La organización ha denunciado en los últimos meses el, a su juicio, injustificado incremento del uso de este recurso en los últimos años. CNC ha asegurado que, según el informe "La publicidad de los encargos a medios propios", elaborado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), dependiente del Ministerio de Hacienda; de 2021 a 2022, el uso de medios propios por parte de las administraciones para ejecutar contratos públicos creció un 77%. El importe, además, se incrementó casi un 350%, hasta los 2.631 millones de euros.
Para la patronal, el abuso de estos medios supone una anomalía para la competencia empresarial. Por ello, la CEOE ha promovido una gestión directa ante la Comisión Europea para denunciar la, a su juicio, "mala praxis y abuso de los encargos a medios propios" por las administraciones públicas españolas.
Fruto de esas gestiones, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dirigido un carta al Comisario del Mercado Interior denunciando la situación y solicitando que se analice con rigor la situación y se estudien medidas para solucionar el problema existente.
