Karla Montero, presidenta de Recope, cuestiona las transferencias hechas para desarrollar un proyecto de hidrógeno.
La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) presentó una denuncia penal contra 20 exfuncionarios de la institución por una serie de transferencias hechas a la empresa Ad Astra Rocket, de Franklin Chang, entre el 2011 y el 2014 durante la administración de Laura Chinchilla.
Karla Montero, presidenta de Recope, afirmó que la denuncia se presentó por un presunto incumplimiento de deberes, en torno a giros por $2,1 millones sin que la Refinadora tuviera la facultad legal para hacerlo.
Montero explicó que el primer convenio se realizó en el 2011 para investigar y desarrollar el uso del hidrógeno como energía, con un primera aporte de Recope de $300.000, al cual se sumó otro de $1,4 millones en el 2012. Hubo un tercer convenio que permitió, en febrero del 2014, aportar $400.000.
Según la Casa Presidencial, a raíz de una instrucción de la Contraloría General, en aquella época Recope solicitó un criterio a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las competencias en materia de biocombustibles.
La Procuraduría concluyó que Recope carecía de competencia legal para incursionar en la producción e industrialización de biocombustibles.
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