El abogado de Alay ve detrás de la investigación por traición una "persecución política" y atribuye a Aguirre la "innegable intención" de obviar la medida de gracia
El jefe de gabinete de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, considera la investigación de la "trama rusa" del "procés" por parte del juez Joaquín Aguirre -que ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al expresident por sus supuestos vínculos con el Kremlin para recabar apoyo a la causa independentista- una "telenovela" pródiga en "ideaciones fantasiosas o ensoñaciones impropias de una investigación judicial".
Su abogado, Gonzalo Boye, que también defiende a Puigdemont, reclama al juez de Barcelona que aplique la Ley de Amnistía a Alay y archive el procedimiento contra él, aunque afirma abiertamente que "existe una innegable intención" por su parte de "incumplir la ley" y no aplicar la medida de gracia.
El letrado hace hincapié en que, aunque la Ley de Amnistía excluye de su ámbito de aplicación los delitos de traición, para que estos se encuentren excluidos es necesario que se haya producido "una amenaza efectiva y real en contra de la integridad territorial o la independencia política de España" o que se haya recurrido a "un uso efectivo de la fuerza", algo que en este caso -recalca- no se ha producido.
"Nada de lo sucedido en Cataluña en estos años", afirma, "entra dentro de lo que podría, siquiera de lejos, estar incluido en dicho requisito". Un uso efectivo de la fuerza, insiste aludiendo incluso a la sentencia del "procés", "no ha sucedido más allá de en una dimensión paralela a la realidad".
Y respecto a las referencias del magistrado a los graves altercados protagonizados por Tsunami Democràtic en 2019, el abogado se remite al informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en contra de que los hechos se investiguen como terrorismo y desvinculando del asalto al aeropuerto del Prat la muerte de un infarto de un ciudadano francés en las instalaciones aeroportuarias durante la protesta.
"Si ni tan siquiera ha habido terrorismo", asegura, "mucho menos se puede considerar que se ha incurrido" en una actuación que pueda considerarse "tanto una amenaza efectiva y real
como un uso de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España".
Para Boye, cualquier decisión que no sea la aplicación de la Ley de Amnistía "no será más que una interpretación arbitraria y aberrante" y advierte en ese caso de una posible "responsabilidad penal" y del "dispendio de dinero público". Pero el letrado cree que si el magistrado no tuviese intención de "inaplicar" la Ley de Amnistía a este procedimiento "no habría incurrido en el artificioso proceso de gestación de la presente pieza separada" tras ocho años de instrucción.
Una "nueva e insólita aventura procesal" a la que le pronostica un "escaso o nulo recorrido" y que enmarca en una "persecución política que no es compatible con las reglas de un estado democrático y de derecho". Se trata, dice, de una resolución "que no solo no es ajustada a derecho" sino que es "abiertamente prevaricadora y desobediente" (en referencia a la decisión de la Audiencia de Barcelona del pasado mayo de anular la prórroga de la instrucción).
El juez Aguirre sostiene que tanto Puigdemont como el también expresidente de la Generalitat Artur Mas "tenían el liderazgo y el control de las acciones que tomaban sus cuadros directivos" y disponían de la capacidad de "suspender, interrumpir o modificar las actividades dirigidas a contactar con actores de influencia rusos, cuyos intereses eran contrarios al estado español al que representaban". En la resolución en la que acuerda trasladar al Supremo los indicios contra Puigdemont, el instructor le atribuye "una suerte de autoría mediata en la que elementos directivos", entre los que incluye a Alay, "actuaban como instrumentos al servicio de una línea de trabajo estable que ha permanecido durante años, a pesar de los sucesivos relevos personales acaecidos".
Según Aguirre, ni Puigdemont ni Mas tenían que "autorizar cada acción de ámbito internacional de sus directivos, pues se trataba de personas de su máxima confianza, en puestos de primer nivel, con autonomía y capacidad para decidir cómo alcanzar los logros estratégicos": conseguir el "apoyo y reconocimiento internacional (ruso en este caso) de un estado catalán independiente".
El magistrado ve indicios de la existencia de "una estructura piramidal, en cuyo vértice superior se encontraría Puigdemont" para desarrollar una política de "contactos con elementos de injerencia rusa, a espaldas del Estado español". Por debajo de Puigdemont, "en un segundo peldaño se ubicarían Alay y Boye, quienes según Aguirre "desarrollarían la labor intelectual y de planificación de las diferentes acciones dirigidas a conseguir contactos próximos al Gobierno ruso para granjearse el reconocimiento de Rusia a una eventual república catalana".
