Pretendía ser una suerte de gobierno catalán en el exilio para sortear las limitaciones del marco autonómico tras la crisis de 2017, y acabó siendo una plataforma al servicio de Carles Puigdemont con nula influencia y, ahora, envuelta en la polémica y con acusaciones de serias irregularidades de gestión y financieras. En el centro de las acusaciones, quien es su vicepresidente, el eurodiputado de Junts fugado a Bélgica Toni Comín, al que se responsabiliza de cargar gastos personales a la entidad. En este sentido, el gobierno del Consell de la República ha comunicado hoy que ha encargado a una entidad externa la realización de una auditoría para comprobar la veracidad de las denuncias contenidas en una carta remitida por la entidad Cat Global ASBL , que da cobertura en Bélgica a la entidad liderada por Puigdemont. El Consell, que asegura que hará público el resultado de la auditoría, reitera su «plena confianza en la gestión financiera llevada a cabo hasta el día de hoy» así como en Toni Comín en su función de interlocutor entre el Consejo de la República y Cat Global. Las acusaciones no son menores. Desveladas por el digital 'El món', Cat Global pone en conocimiento de la entidad una « retahíla de incidencias relativas a la contabilidad, fiscalidad, legalidad y en general a la gestión financiera que, además de poner de manifiesto una clara inoperancia, a menudo no se han hecho de acuerdo con la legalidad belga». En su denuncia, Cat Global recuerda que el Consell «recibe donaciones de la ciudadanía y las destina a un uso lógicamente con carácter político». Por ello, recuerdan que el gestor de estos recursos, en este caso Toni Comín, «debe asegurarse de que estos destinos siempre sean compatibles con la legalidad y con el principio de buena administración», algo que, a su criterio, no habría sucedido. Según estaría contenido en un informe, y según fuentes del Consell citadas por 'El mon', habría desvío de dinero a cuentas personales de Comín así como gastos personales como vacaciones, viajes, servicios personales o el pago del alquiler de un despacho de trabajo cargados a cuenta del Consell. Los firmantes denuncian la irregularidad que supone que Comín sea responsable financiero de Cat Global sin ser miembro de su consejo de administración. Denuncian facturas sin justificar , el hecho de que aún no se hayan cerrado las cuentas de 2023 o que se haya priorizado el pago a proveedores antes que a los trabajadores de la entidad. No es la primera vez que se denuncian irregularidades. En septiembre de 2023, 31 de los 121 representantes de la asamblea del Consell hicieron pública una carta abierta a Puigdemont con acusaciones sobre la gestión que el expresidente de la Generalitat y Comín estaban llevando a cabo. Los críticos denunciaban que el Consell desvía «una cantidad significativa de recursos con el pretexto de garantizar el 'buen funcionamiento' de la Asamblea: cáterings de lujo , mobiliario ostentoso excesivamente logotipado, emisiones televisivas con una producción de gran escala...». Los gastos son innecesarios, aseguran en el escrito, y se desvían, denuncian, a «proveedores» que benefician a «un círculo reducido de personas próximas al vicepresidente Toni Comín».
