Las protestas en Kenia, lideradas por jóvenes desempleados y trabajadores afectados por la pandemia, se convirtieron en escenarios de violencia extrema con la represión policial utilizando gases lacrimógenos y balas reales.
En medio de un contexto de crisis social, el presidente de Kenia, William Ruto, anunció que no firmará la controvertida Ley de Finanzas propuesta, después de que violentas protestas sacudieran al país, dejando un saldo de 22 muertos. La ley, que buscaba incrementar los ingresos fiscales para reducir la deuda nacional, provocó un levantamiento popular por su impacto percibido en la ya tensa economía de los ciudadanos comunes.
Los disturbios, que culminaron en un asalto al Parlamento, mostraron las profundas divisiones socioeconómicas y el creciente descontento entre la población de Kenia. A pesar de la intención de equilibrar los libros de finanzas del país, el presidente Ruto tuvo que ceder ante la presión pública y las imágenes desgarradoras de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que circulan por todo el mundo.
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En los últimos días, Kenia tuvo uno de los escenarios más sangrientos en la historia reciente del país. Manifestantes, en su mayoría jóvenes desempleados y trabajadores afectados por la pandemia, tomaron las calles en varias ciudades importantes para protestar contra la ley fiscal propuesta. La represión de la policía fue inmediata y severa, utilizando gases lacrimógenos y balas reales.
Las calles de Nairobi y otras ciudades importantes se convirtieron en zonas de guerra, con barricadas, neumáticos ardiendo y enfrentamientos violentos. De acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos de Kenia —organización no gubernamental— al menos 22 personas se registraron muertas. Además, Roseline Odede, presidenta de la comisión, indicó que 300 personas fueron heridas y 50 habrían sido detenidas.
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La Ley de Finanzas de 2024 buscaba ampliar la base impositiva del país, incluyendo más artículos y servicios en la lista de bienes gravables, así como aumentar las tarifas en ciertos sectores. Además, proponía incrementos en el IVA del 16% al pan o el del 2,5% a los vehículos de motor y en los impuestos a las empresas, lo que, según los críticos, afectaría desproporcionadamente a los más pobres y agravaría la inflación.
El Gobierno defendió la ley como una necesidad para asegurar la solvencia fiscal del país, destacando la urgencia de reducir una deuda nacional creciente. De acuerdo al propio Gobierno, esta norma buscaba recaudar 2.700 millones de dólares en impuestos adicionales para reducir el déficit presupuestario y el endeudamiento estatal. No obstante, esto es desmentido por los manifestantes antigubernamentales que indican que estas medidas empujan la población a la pobreza.
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Ante la magnitud de la oposición pública y las drásticas imágenes de violencia en las calles, el presidente Ruto anunció su decisión de no promulgar la ley. En un mensaje televisado, declaró que "el pueblo ha hablado" y que su gobierno "escuchará y actuará en consecuencia". Esta decisión se ve como un paso atrás necesario para evitar más derramamiento de sangre y para abrir un canal de diálogo con todas las partes involucradas en la disputa fiscal.
"El pueblo ha hablado. Tras reflexionar sobre la conversación en curso sobre el proyecto de ley de finanzas de 2024, admito que no firmaré el proyecto de ley de finanzas de 2024 y, posteriormente será retirado", indicó el mandatario en su discurso a la nación. No obstante, Ruto instó a una "conversación" nacional para alcanzar un consenso sobre el presupuesto futuro, reconociendo la necesidad de "reanudar el proceso y avanzar hacia el futuro" como nación.
Minutos antes de su decisión, Ruto defendió su gestión económica, destacando las concesiones realizadas para reducir la recaudación de impuestos inicialmente propuesta. Subrayó la importancia de su proyecto para la estabilidad económica del país, argumentando que fue necesario presentarlo al Legislativo para asegurar una base financiera sólida.
