El equipo de José Luis Ábalos manejó una estrategia para coaccionar a los medios y orientar así la manera en la que debían informar sobre el «Delcygate». Según consta en el sumario del caso Koldo, al que ha tenido acceso ABC, Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif, guardaba en su correo electrónico un documento […]
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El equipo de José Luis Ábalos manejó una estrategia para coaccionar a los medios y orientar así la manera en la que debían informar sobre el «Delcygate». Según consta en el sumario del caso Koldo, al que ha tenido acceso ABC, Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif, guardaba en su correo electrónico un documento localizado por la UCO en el que se fijaban distintas estrategias para intentar revertir la percepción social del paso de Delcy Rodríguez por el aeropuerto de Barajas, una crisis de la que era protagonista directo su jefe, el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. En aquel encuentro, como adelantó este periódico, también estuvo Víctor de Aldama, el principal comisionista del caso Koldo, quien también llegó a tener tratos en su momento con Begoña Gómez.
El documento que circuló en Adif, y cuya autoría todavía está sin aclarar, era mucho más que una mera estrategia de comunicación toda vez que en sus distintos apartados se detallan eventuales coacciones y manifiestas irregularidades. Entre las acciones referidas, el plan incluye condicionar «los recursos de publicidad al tratamiento informativo», lo que equivale a emprender represalias contra quienes no asumieran las directrices gubernamentales que se habrían de vehicular a través de «opinadores, articulistas o tertulianos» concretos. El texto advierte de que esta coacción se habría de «comunicar de forma explícita y con ejemplos concretos a los responsables comerciales» de las empresas de comunicación, para que las amenazas fueran más efectivas. La llamada «estrategia de comunicación» aspiraba a «comunicar el relato» del ministerio ejerciendo presión económica sobre aquellos medios que no acataran las instrucciones. La relación de pautas contempla la necesidad de implicar al Ministerio de Interior «de forma activa» en la gestión del caso y recomienda incluso filtrar el acta policial de aquella noche.
La gravedad de las propuestas que se recogen en este documento resulta extraordinaria por cuanto viene a demostrar una estrategia de comunicación inasumible para un gobierno democrático. El modo en el que el PSOE concibe su trato con los medios ha quedado acreditado a lo largo de estos años y a través de distintos hechos. El nombramiento de un ex secretario de Estado como presidente de la Agencia EFE, la elección de una militante para presidir RTVE o los favores selectivos en formas de entrevistas o acreditaciones para los viajes presidenciales constituyen una prueba fehaciente de la falta de neutralidad informativa que ejerce el Gobierno. Algo que, por cierto, contraviene el recientemente aprobado Reglamento sobre Libertad de Medios de Comunicación de la UE. La disociación entre el discurso del Ejecutivo y su práctica es constante, pero en lo que atañe a la prensa comienza a resultar radicalmente contradictoria, como demuestra este plan en el que se propone crear incentivos o castigos con dinero público. Al tiempo que Sánchez fabula con conspiraciones ocultas y apela a un supuesto plan de regeneración democrática, su gobierno ha sido capaz de planificar coacciones explícitas para intentar amortiguar uno de los muchos casos que comprometen la credibilidad del Ejecutivo. Son ya varias las tramas de corrupción y las irregularidades que orbitan en torno a Ábalos o al propio presidente del gobierno, pero a la vista de la gravedad de las acciones destinadas a disimular los detalles del paso de la vicepresidenta venezolana por Madrid, parece que el «Delcygate» constituyó, y puede que siga constituyendo, un caso de singular preocupación para Pedro Sánchez.
Editorial publicado por el diario ABC de España
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