Marco Hernández, administrador del proceso de resolución de Coopeservidores, asegura que los problemas financieros de la entidad empezaron a gestarse durante la pandemia de la covid-19, cuando se aplicaron readecuaciones masivas en los créditos. Pero, una vez finalizada la flexibilización reglamentaria que permitió permitió apoyar a deudores, ellos continuaron con la práctica y ocultaron la información real a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
El resultado fue créditos sin cobrar desde junio de 2023, 60.000 personas con préstamos catalogados como malos y un saldo de ¢162.000 millones en operaciones deterioradas que engulleron el capital social aportado por los asociados de la organización conocida como CS Ahorro y Crédito.
Al final se determinó la inviabilidad de la institución y el riesgo para un grupo de 5.500 depositantes, principalmente asociaciones solidaristas, que no recuperarán la totalidad de su inversión. El 97% de los ahorrantes sí obtendrán su dinero al tener como máximo ¢6 millones.
Este martes 25 de junio, Hernández amplió detalles sobre los eventos que provocaron el cierre de Coopeservidores. A continuación un extracto de la entrevista con La Nación.
— La génesis tuvo lugar con la pandemia cuando hubo una desconexión de la regulación para que los operadores financieros pudieran ayudar a sus clientes. En ese entonces se podían hacer una serie de arreglos, de prórrogas, a todos los clientes que habían sufrido alguna afectación en sus ingresos.
”Coopeservidores entró en esa dinámica con muchos de sus clientes a quienes hizo una serie de prórrogas. Pero pasado el proceso de la desconexión, la cooperativa siguió con esa práctica porque no tuvo una estrategia efectiva para gestionar toda esa cartera crediticia y gestionar su cobro. Al final, una persona que pagaba ¢100.000 por mes, terminaba pagando ¢500.000. Quien tenía una capacidad de pago ajustada se vio afectado.
”Luego vino la promulgación de la ley de usura que estableció un salario mínimo intocable. Coopeservidores tenía una serie de clientes a quienes les hacía la deducción.
“Entonces, la bola de nieve de créditos malos se convirtió en una avalancha porque no había un cobro efectivo de esas sumas. La entidad lamentablemente también ocultó una serie de prácticas como prórrogas cuasi automáticas para tener una cartera vigente como si no tuviera ningún problema”.
— Estamos hablando de que este estos créditos son aproximadamente a 60.000 personas. Son créditos que son básicamente pequeños, de consumo (...) todo este contingente de gente fue afectada por esa situación (pandemia y límite a deducciones). Además, era gente que tenía un nivel de endeudamiento muy importante en el sistema financiero.
— Propiciaron un sistema de información que fue para ocultar datos con ese tipo de arreglos que daba al traste información que no era correcta.
”A mediados del año pasado, la Superintendencia (General de Entidades Financieras, la Sugef) inició una revisión de la cartera y en enero pidió el ajuste de ¢30.000 millones en el resultado (de 2023) por la reclasificación de créditos. Decían que la cartera deteriorada era entre ¢50.000 millones y ¢60.000 millones. Ellos mismos no sabían cuánto era, fue con el estudio de la Sugef que sustituyó toda la información financiera y se dieron cuenta de la cartera muy deteriorada.
”Ellos mismos fueron a la Superintendencia a decir ‘¿qué hacemos?’. Qué lamentable porque ustedes (Coopeservidores) debieron de haberse dado cuenta de esto hace mucho tiempo y no se dieron cuenta porque ellos mismos estaban produciendo una información que era mala y con la cual se engañaban a sí mismos.
“Si desde un principio se hubiese determinado que había una cartera crediticia que se estaba poniendo mala, y hecho las estimaciones, todas las líneas de defensa hubieran tenido información fiable y correcta. Las acciones finalmente se tomaron, por eso se intervino antes de que los indicadores financieros mostraran una irregularidad grado 3 y porque había perdido el 50% de su capital social″.
— Exactamente, porque fue producto de esta cartera deteriorada que ha requerido más y más estimaciones.
— Cuando una entidad no está revelando realmente sus riesgos es muy difícil llegarle efectivamente a lo que está pasando. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos también de la información, dependemos de la documentación. La carga de la prueba la lleva el regulador y el supervisor; y no el ente que produce la información.
“Si bien es cierto habían indicios en aquel momento, nosotros tenemos que actuar de conformidad con lo que dice la ley. Había causas específicas que no se estaban presentando en aquel momento (2022). La entidad tenía suficiente suficiencia patrimonial... Es más, en diciembre estaba por encima del 14%, que era una situación normal.
”No había forma de intervenir desde el punto de vista cuantitativo y de indicadores financieros. No podríamos determinar que efectivamente se estaba poniendo en peligro a la entidad. A pesar de que puedan haber gestiones pobres o malas, también hay que considerar la situación económica de la entidad.
“Nosotros no podemos intervenir antes porque si no el cuestionamiento es por qué intervinieron antes si la entidad tenía posibilidad de salir adelante. Debemos agotar el arsenal legal para actuar lo más prontamente posible.
“Aquí se actuó de una manera preventiva, antes de que los indicadores dieran la irregularidad. Se intervino cuando ya definitivamente se ponía en riesgo la estabilidad financiera de la entidad (...) Yo diría que la resolución es posible porque se actuó preventivamente, porque las pérdidas se hubiesen incrementado por el deterioro adicional”.
