Un juzgado de Madrid ha llamado a declarar como investigada el próximo mes de septiembre a Pilar del Castillo, exministra y eurodiputada del Partido Popular, en un caso en el que está acusada de conspirar contra un antiguo socio en una empresa del sector de la tecnología. El juez, que ya intentó sin éxito que la número nueve de la lista del PP a las pasadas elecciones europeas declarase en mayo, vuelve a citar a los cinco acusados por una querella de haber incluso propiciado una denuncia falsa contra uno de sus socios para echarle de la empresa que recientemente han vendido. Por el momento el juzgado no ha anunciado si la causa debe ir al Tribunal Supremo por el aforamiento de la candidata del PP como eurodiputada.
Pilar del Castillo fue ministra de Educación durante la última legislatura de José María Aznar, poniendo rumbo a Bruselas poco después con el PP. Un cargo que ha ido revalidando en los sucesivos comicios comunitarios hasta el pasado nueve de junio, cuando concurrió como número nueve de la lista de Dolors Montserrat.
Según la documentación que ha podido examinar este periódico, en el verano de 2006 y, por tanto, cuando ya era eurodiputada, Del Castillo entró en el accionariado de Tecnofor Ibérica SL con 733 participaciones. Posteriormente, en 2013 adquirió participaciones en otra sociedad llamada Cloud Middle Trust a través de Attendance Estudios y Consultoría.
Fue en 2012 cuando según la querella que ha dado origen a este procedimiento la convivencia entre los distintos socios de Tecnofor dejó de ser pacífica: varios de ellos intentaron vender la empresa para superar la crisis económica y “pasaron a ejercer un incesante acoso societario” contra el afectado. Todo culminó con una querella por administración desleal contra él que, tras varios años de proceso judicial, acabó en absolución, relata. Fue entonces cuando decidió querellarse él contra sus antiguos socios, entre ellos Pilar del Castillo.
Un juzgado de Madrid inadmitió la querella al entender que no había ningún delito sino “serias discrepancias” entre él y sus socios. La Audiencia Provincial de Madrid, a principios de este año, ordenó sin embargo la apertura de diligencias: “No resulta descartable”, dijeron los jueces, que esos delitos sí que hubieran existido. El juzgado decidió el pasado nueve de mayo que los querellados, entre ellos Pilar del Castillo, debían declarar en la Plaza de Castilla de Madrid el 28 de mayo.
Esa citación nunca se produjo. El juzgado no fue capaz de localizar a varios investigados, entre ellos a la eurodiputada del PP, y dejó los interrogatorios para más adelante. Ahora, según ha sabido elDiario.es, Pilar del Castillo tiene una nueva fecha para acudir a declarar como investigada junto con otros querellados: el 18 de septiembre por la mañana “al objeto de recibirles declaración en calidad de investigados”, dice la providencia examinada por este periódico. Por el momento no consta que el el magistrado Carlos Valle haya decidido remitir el caso al Tribunal Supremo por el aforamiento de la candidata del PP como eurodiputada.
La querella atribuye un rosario de delitos al afectado, incluso uno de organización criminal. No considera que Pilar del Castillo fuera una de las “cabecillas” del grupo, pero sí entiende que participó en el acoso societario que denuncia haber sufrido: “Aunque pueda parecer que ha tenido menor participación en los hechos, ha sido pieza decisiva en el grupo criminal para que el fraude se haya materializado”.
Entre otros hechos, le atribuye “votar a favor de acuerdos claramente perjudiciales para las mercantiles y el querellante”, así como participar en una estrategia para que dimitiera, entraran nuevos socios en la empresa y que finalmente otro de los acusados “llevara a cabo la operación acordeón”.
Ni el Partido Popular ni sus dirigentes hicieron declaraciones u ofrecieron aclaraciones sobre las diligencias judiciales abiertas contra su eurodiputada, limitándose a dudar de que un juzgado pueda proceder contra ella dado su aforamiento ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La declaración de bienes de Pilar del Castillo no refleja que en el pasado informase al Parlamento Europeo sobre las acciones que ostentó en esta empresa. El Código de Conducta del Parlamento explica que la declaración de intereses privados tiene que recoger “la participación en empresas o sociedades, cuando pueda tener implicaciones políticas o cuando otorgue al diputado una influencia importante en los asuntos de los organismos de que se trate”. No consta que la empresa en la que la eurodiputada tuvo acciones responda a esas características.
