Si creemos en la independencia de los tribunales, tenemos que defenderla también cuando sus decisiones no empatan con nuestras preferencias. Jamás olvidarlo.
La agenda pendiente de los casos Odebrecht se abrirá nuevamente al comenzar julio, cuando se instale el juicio contra la señora Fujimori y otros. Han pasado casi 8 años desde que Odebrecht reconoció usar la corrupción como instrumento de influencia en los EEUU. Muchas cosas han cambiado desde entonces, especialmente en los dos casos que la Fiscalía colocó como emblema del proceso, los seguidos contra Ollanta Humala y Keiko Fujimori, que entran ahora en recta final.
El caso Humala apareció de manera súbita en el verano de 2016 con un hallazgo fulminante en el origen: US$3 millones en efectivo en una o más maletas entregadas a puertas cerradas por Odebrecht para la campaña antes de las elecciones de 2011. El caso dio origen a la detención de los principales dirigentes del nacionalismo; pero las investigaciones han conducido las cosas a un resultado inesperado: Humala o su organización jamás le pidieron dinero a Odebrecht; se lo pidieron a Lula da Silva o al Partido de los Trabajadores.
¿Cambia esto las cosas? Puede cambiarlas. Los cargos por lavado de activos no se sostienen por el simple hecho de recibir fondos en las tinieblas. Lavar activos supone saber que el dinero viene de algo sospechoso. Quien negocia con un lavador tiene que notar que su contraparte está lavando o dejar en claro que no le importa. Odebrecht manejaba una lavandería. Pero ¿el PT del Brasil tenía también una lavandería? Si resulta que Humala creía estar recibiendo fondos del PT, ¿funciona igual el reproche?
Eso es lo que deberá resolver el tribunal del caso Humala al terminar un juicio que debe terminara final de este año.
El caso Fujimori y otros, que debe comenzar antes, en el mes de julio. Aquí se trata de dos entregas de medio millón de dólares cada una. La cifra es visiblemente inferior, pero igual fue considerada exorbitante por los tribunales. Al menos lo fue en el origen de esta historia. En NOV19, el presidente del grupo Credicorp reconoció en público haber entregado a la organización de la señora Fujimori US$3,65 millones en efectivo y en secreto para sostener sus actividades políticas. En MAY21 quedó confirmado que un empresario minero ya fallecido hizo lo mismo, pero por más tiempo y el doble de la cifra: US$7,6 millones. Puesta esta información sobre la mesa, las entregas de Odebrecht pierden fuerza persuasiva. Nos guste o no, quien recibe de personas que no lavan activos montos de la envergadura de los que registra esta historia difícilmente puede sorprenderse o tiene como sospechar por medio millón.
La revelación es dura, difícil de aceptar. Se trata de demasiado dinero en efectivo. Pero son los hechos. Y cambian el sentido de las cosas nos guste o no.
En NOV18, el profesor Yvan Montoya propuso una ruta alterna para ambos casos. Para Montoya también se podía ensamblar un caso por lavado de activos si quienes recogieron fondos de campaña aprovecharon los excedentes no gastados para formar fortunas clandestinas lavando esos fondos en el mercado. Aquí una forma de hacer un caso completo sin que importe lo que cada quien pensaba sobre Odebrecht. La formación de una fortuna clandestina introduce en estas historias un matiz que las hace distintas. Para avanzar en esta dirección, la Fiscalía tendría que haber pedido el concurso de la Sunat. Pero la Fiscalía decidió no hacerlo. Prefirió mantener intacta su teoría original y explorar, sin éxito, si podía convertir a los demás aportantes de fondos no declarados en otros tantos lavadores de activos.
El caso sobre fortunas clandestinas que recomendó Montoya no se preparó nunca. Iniciados o por iniciar ambos juicios no es ya una alternativa.
En DIC18, Odebrecht firmó un acuerdo de colaboración con el Estado peruano. En el texto no se incluyó ninguna cláusula relacionada con el uso de una lavandería como fuente de los pagos clandestinos que Odebrecht reconoció haber hecho en el Perú. La Fiscalía nunca ha intentado extender el acuerdo en esa dirección. Tampoco ha presentado cargos contra Odebrecht o sus representantes por haber usado en el Perú fondos originados en una lavandería. Todo el juicio contra Humala ha transcurrido sin que la Fiscalía pueda explicar cómo puede atribuir a Humala y su entorno haber recibido fondos de una lavandería a la que jamás ha perseguido como tal. El juicio contra Fujimori va a comenzar arrastrando el mismo dilema.
Es difícil entender que la Fiscalía considere que los fondos que Odebrecht usó en estas historias eran fondos lavados y que al mismo tiempo no tenga un caso ni un acuerdo de colaboración sobre esto con o contra Odebrecht o sus representantes. Algo falla si acuso a una persona por recibir fondos lavados que no he perseguido como tales. Sería poco honesto no encontrar en esto una paradoja que podría marcar el punto de derrota de la Fiscalía en estos casos. El primero de los tribunales que deberán pronunciarse es el del caso Humala y el segundo el del caso Fujimori. Y hasta lo que lleva de avanzado el primer de estos dos juicios, el que terminará este año, no veo que la Fiscalía tenga una respuesta clara a este dilema.
Los últimos años de esta crisis nos han enseñado cuán importante es mantener intacta la independencia de los tribunales de justicia. Por eso tenemos que mirar la escena con suficiente apertura para entender que la eventual absolución de los acusados en estos casos es posible. Y si ella ocurre, más allá de nuestras preferencias personales, el evento no tendrá porque ser entendido como una señal más de perversión o de corrupción. Será el resultado de juicios que parecen mostrar fisuras y abren espacios para soluciones legales alternas a las que la Fiscalía imaginó originalmente.
Si creemos en la independencia de los tribunales, tenemos que defenderla también cuando sus decisiones no empatan con nuestras preferencias. Jamás olvidarlo.
