Por Leon Lucar Oba, politólogo de la Pontificia Universidad Católlica del Perú
En los últimos días, hemos recibido con indignación la denuncia de la violación de más de 500 niñas awajún por sus propios profesores en Condorcanqui (Amazonas). Sumado a este execrable crimen contra la niñez, los ministros de Educación y de la Mujer sostuvieron que dichas prácticas vejatorias forman parte de las “prácticas culturales” de los pueblos indígenas. ¿Ignorancia supina o alegato inconsecuente? Lo medular es que se evidencia una vez más el carácter monocultural del Estado, incapaz de valorar la diversidad cultural y de velar por los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la dignidad humana de sus miembros.
Diversas organizaciones indígenas amazónicas se han pronunciado en contra de este grave delito, pero también sobre una serie de acciones lesivas a sus derechos como la aprobación por el Congreso de la modificatoria de la Ley 29763 (ley antiforestal) que promueve la deforestación de la Amazonía a gran escala, el PL de la ley contra el crimen organizado que favorece la tala ilegal y la trata, el PL que busca desaparecer las reservas de los pueblos indígenas en aislamiento o la aprobación de una norma que favorece la minería ilegal. Es imperativo recordar al Estado que los derechos de los pueblos indígenas están amparados por el Convenio 169 de la OIT y la legislación peruana, entre los que destacan la consulta previa, libre e informada y el derecho al territorio.
Mientras presenciamos la degradación política y moral de los gobernantes, el avance incontenible de las economías ilícitas y el crimen organizado, así como el agravamiento de las condiciones socioeconómicas de la población, los pueblos indígenas salieron el 21/6 a marchar en Lima frente a una realidad nacional inaceptable. Son ellos, a los que se les ha negado históricamente el reconocimiento ciudadano, quienes hoy nos dan lección de civismo y amor por un Perú justo y solidario.
