1 julio. Los jueces han previsto realizar audiencias continuadas el lunes y martes, a partir de las 9:00 de la mañana. Todos los acusados deben estar presentarse, con sus abogados, con advertencia de obligarlos con una orden judidicial.
A partir de las 9:00 de la mañana, del 1° de Julio próximo, la lider fujimorista y fundadora de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi deberá comparecer ante los jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional para responder por la comisión de los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia.
Los jueces Mercedes Caballero García (presidenta), Nayko Coronado Salazar y Max Oliver Vengoa Valdiglesias han previsto que la audiencia se realizará en la sala número 1 de la sede “Carlos Zavala Loayza”, al costado de Palacio de Justicia, a partir de las 09:00 de la mañana.
Junto a Keiko Fujimori, deben presentarse a juicio otros 48 implicados. De ellos, 39 personas son acusadas por su participación directa en los mencionados delitos, dos son personas jurídicas -Fuerza Popular y MVV Bienes Raíces -, además de siete acusados especiales que recibirán un trato jurídico especial por haber colaborado con las investigaciones que la fiscalía desarrolló durante los últimos 10 años.
Este caso comenzó el año 2014, luego de descubrirse la existencia de falsos aportantes y participantes fantasmas en los cócteles, rifas y otras actividades de campaña que realizó el fujimorismo para las elecciones del 2011.
Luego, la investigación se fortaleció con la aparición de un correo electrónico en el que Marcelo Odebrecht promovía una cita con la entonces candidata presidencial Keiko Fujimori y le ofrecía aumentarle 500, que posteriormente el superintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, precisó que se trataba de 500 mil dólares.
En total, Barata declaró que la constructora Brasileña aportó US$1,2 millones de dólares a la campaña de Fuerza Popular el año 2011. La fiscalía considera que este dinero proviene de la caja negra de Odebrecht por lo que amplió las investigación por lavado de activos de origen ilícito en organización criminal.
En el desarrollo de la investigación, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, se conoció que el presidente de Credicorp, Dionisio Romero Paoletti dispuso la entrega de 3 millones 650 mil dólares a la campaña de Fuerza Popular. En tanto, el fallecido empresario Juan Rassmuss Echecopar entregó a Keiko Fujimori y Fuerza Popular otros aportes por hasta 7,6 millones de dólares.
El fiscal Pérez Gómez, en base a las declaraciones de testigos, testigos en reserva y colaboradores eficaces, establece que Keiko Fujimori recibió 17,3 millones de dólares de origen ilícito, los cuales lavó utilizando la estructura partidaria y las actividades políticas de Fuerza Popular, en beneficio propio.
Para lograrlo, habría recurrido a falsos aportes o aportantes fantasmas para permitir que el dinero mal habido ingrese a la contabilidad legal de Fuerza Popular.
Esa misma actividad política, de acuerdo con la fiscalía, habría sido utilizada por la lideresa del fujimorismo para entorpecer las investigaciones, a través de leyes especiales en el Congreso e interfiriendo o infiltrando el Ministerio Público.
Keiko Fujimori y sus abogados rechazan los cargos. Argumentan que los aportes fueron lícitos y que si no se incluyeron directamente en los libros contables fue a petición de los donantes, quienes no deseaban que sus nombres se hicieran públicos.
El juicio puede durar hasta dos años, según los antecedentes de juicios similares, por lo que es probable que se dicte sentencia antes, durante o después de las elecciones de abril de 2026. Si vuelve a ser candidata presidencial, Fujimori deberá alternar su participación en las audiencias con las actividades de campaña.
Ante esa situación, es posible que la fiscalía solicite que se impongan a la lideresa del fujimorismo nuevas reglas de conducta de la comparecencia que cumple actualmente, a fin de asegurar su sometimiento al proceso judicial. O incluso su prisión preventiva, en un proceso que se prevé será muy complejo.
La fiscalía ha presentado hasta 5,900 pruebas, entre testimonios, documentos, correos electrónicos y audios, para establecer la responsabilidad de Keiko Fujimori y sus 41 presuntos cómplices, más la colaboración de Fuerza Popular y la empresa MVV Bienes Raíces SAC. Los jueces tendrán la palabra final y definitiva sobre las pruebas y la responsabilidad de cada uno de los acusados.
