El Gobierno presume de que la llamada «hucha de las pensiones» ya acumula un fondo de 7.000 millones de euros, a pesar de que la Seguridad Social ha doblado su deuda en cuatro años y el déficit anual supera los 55.000 millones
Epícteto (55-135), el filósofo griego y estoico, que pasó parte de su vida como esclavo en Roma, explicaba que «querer agradar a los demás es una trampa peligrosa». En muchas ocasiones, los teóricos agradados son los que caen y quedan atrapados en esas trampas, de las que les resulta muy difícil salir. Las pensiones y la vivienda son dos ejemplos. En España, como en casi todas partes, los Gobiernos intentan agradar a su clientela para conservar sus votos. Las pensiones son uno de los retos pendientes de la economía española que nadie se atreve a coger por los cuernos. La vivienda, por otra parte, con la llegada y permanencia de la extrema izquierda al poder, se ha convertido –fruto de políticas disparatadas y populistas– en uno de los grandes problemas del país.
El Gobierno presume de que la llamada «hucha de las pensiones» ya acumula un fondo de 7.000 millones de euros. No lo relaciona con el hecho de que la Seguridad Social ha doblado su deuda en cuatro años y que la alcanza los 110.000 millones de euros, ni tampoco con que el déficit anual supera los 55.000 millones. Con esa deuda y un gasto muy superior a los ingresos, tener y presumir de 7.000 millones de hucha no solo es absurdo, sino que es una trampa para ingenuos. El problema está ahí, pero nadie quiere abordarlo porque es impopular.
El «think tank» Fedea, una de las «máquinas económicas de pensar» españolas, y el Consejo General de Economistas (CGE), también acaban de insistir en la trampa de la política de vivienda, que «no solo no ha ayudado a mitigar el problema de la oferta, sino que lo ha incrementado, al reducir la rentabilidad y aumentar el riesgo de la inversión en inmuebles para su venta o alquiler». Los expertos de Fedea y del CGE reclaman una política a largo plazo y plantean «recuperar el régimen de libertad contractual establecido en 1985 por el Decreto Boyer», que debe su nombre al desaparecido ministro socialista del primer gobierno de Felipe González. También piden retirar las medidas de control de precios y restaurar una seguridad jurídica del derecho de propiedad similar a la del resto de Europa. Nada indica que se explore ese camino, porque el Gobierno prefiere querer agradar, aunque sea una trampa, como advertía Epícteto.
