Rodrigo Alberto Carazo Zeledón, Fernando Mayorga Castro, Leonardo Morales Castro y yo denunciamos el 22 de agosto del 2022 ante la Superintendencia General de Valores (Sugeval) las anomalías en la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP).
Manifestamos que el BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI) efectuó la compra de forma irregular y a un descomunal sobreprecio. La comparación entre avalúos así lo demostró.
La denuncia reveló la magnitud del desaguisado, que nos hace presumir que el BCR dejó negligentemente que esto sucediera, lo cual, según mi criterio, lo hace responsable del manejo inadecuado de los recursos del fondo.
El problema trasciende al PEP, ya que fue un modus operandi a vista y paciencia de los directivos del BCR, varios de ellos directivos a su vez en la SAFI y a cargo de nombrar al personal de la sociedad.
Ha pasado mucho tiempo y los resultados son insuficientes. Los ahorrantes, casi todos adultos mayores y con recursos limitados de los que depende nuestra vejez, hemos logrado arrojar luz sobre la seriedad del problema, más tratándose de un banco estatal, que no ha cumplido con sus ciudadanos como debe ser.
El caso llegó a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos del Congreso, que empezó muy bien su análisis, pero lo abandonó por razones difíciles de descifrar.
Ciertamente, como en toda inversión, hay un riesgo, aunque los fondos del BCR SAFI se publicitaban como “de riesgo moderado”, generadores de ingreso, nunca de desarrollo y adecuados a las necesidades de los adultos mayores.
La anómala situación nunca podrá ser considerada como un riesgo convencional.
El BCR debe reconocer su error o su deficiente gestión y asumir su responsabilidad tomando medidas financieras para devolver la viabilidad a los fondos inmobiliarios administrados por su SAFI, que se van a pique. Se han tomado algunas, pero insuficientes.
Pareciera que el Banco está dispuesto a dar una larga pelea en el campo legal contra los ciudadanos que invertimos en la SAFI, a quienes no ha tratado bien, por decirlo de alguna forma.
Por otro lado, han pasado casi dos años y la Sugeval no entrega su informe en respuesta a nuestra denuncia. Es evidente que el sistema de supervisión financiera, liderado por el Conassif, fue mal concebido, como la experiencia señala.
Hasta la fecha, ha llegado tarde a todos los incendios. A lo mejor, el personal no tiene la capacidad ni la perspicacia necesarias para asumir sus funciones correctamente ni para detectar “luces rojas”; ha fallado en la supervisión.
Es hora de que una nueva legislación dote al sistema de supervisión financiera de las herramientas para profundizar su gestión y actuar firmemente cuando todavía se pueden salvar las entidades financieras en riesgo y, con ello, los ahorros de los inversionistas.
El sistema se resquebraja en perjuicio de los operadores, los ahorrantes, la industria de inversión inmobiliaria. ¿Cómo se está desarrollando la industria que supervisa la Sugeval y qué efecto sistémico está teniendo el PEP? Me gustaría que, a casi dos años de la presentación de la denuncia, me den la respuesta.
El autor fue profesor de Ciencias Políticas en la UCR.
