El jueves, la Policía Judicial detuvo a un juez en Limón para acusarlo de almacenar estupefacientes en su casa. Veinticuatro horas más tarde, tres jueces y tres fiscales fueron aprehendidos por sospechas de colaborar con un abogado defensor de imputados en causas de narcotráfico.
En su momento, el abogado también fungió como juez y, a finales de febrero, fue asesinado en su automóvil. Ahora, la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) creen tener pruebas para relacionarlo con los detenidos que, supuestamente, modificaban documentos, facilitaban audiencias, compartían datos y le concedían ventajas en sus labores de defensor.
Son cargos graves, entre otras razones porque minan la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia. No obstante, ninguna de las detenciones pudo haberse ejecutado sin la participación de otros jueces, fiscales y policías judiciales capaces de cumplir su deber aunque los afectados sean colegas y compañeros.
Para ejecutar la detención en Limón, primero fue necesaria la petición de una orden de allanamiento y luego la concesión del permiso por el juez. Las otras seis capturas se hicieron en el curso de ocho allanamientos ordenados por el Ministerio Público en edificios judiciales y en dos viviendas de San José y Cartago. Michael Soto, subdirector del OIJ, informó sobre una funcionaria más, cuya detención no fue considerada necesaria. Se trata de una técnica judicial involucrada en el proceso y que será imputada pese a su permanencia en libertad.
El propio Soto destacó, con razón, que hay jueces y fiscales “valientes, tomando decisiones” a sabiendas del efecto sobre sus colegas, y anunció nuevas detenciones en el futuro próximo porque el Poder Judicial está comprometido con la depuración de sus filas “ante una situación difícil, complicada”.
Damaris Vargas Vásquez, presidenta en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, coincidió en señalar la importancia de operativos como los ejecutados la semana pasada para cimentar la credibilidad de la administración de justicia. “Estas acciones evidencian, una vez más, que los controles internos funcionan para detectar focos de corrupción que, lamentablemente, involucran a personas servidoras. Esto brinda a la ciudadanía garantía de la pureza de los procesos en marcha, en cumplimiento de los principios constitucionales de transparencia, imparcialidad y rendición de cuentas”, dijo la magistrada.
A ambos se les sumó la fiscala subrogante Karen Valverde, quien, después de reconocer que los sospechosos son funcionarios de considerable trayectoria, recalcó la necesidad de mantener una actitud vigilante de las desviaciones. “La sociedad debe estar atenta a la contaminación de la corrupción dentro de la institución. Todos tenemos que ser cuidadosos y estar alertas”, señaló. Lo sucedido, dijo, es un mensaje importante para todos los funcionarios e hizo un llamado a quienes laboran en el Poder Judicial para mantenerse “alejados” de personas que puedan comprometer la probidad de sus funciones.
En realidad, el mensaje es para la ciudadanía. Si bien no hay instituciones perfectas, existe en ellas el ánimo de preservar la honradez y el espíritu de servicio. Una característica destacada de las detenciones fue la total apertura de la Policía, el Ministerio Público y la magistrada presidenta para informar al público, dentro de las limitaciones de la ley y las necesidades prácticas del proceso.
Esa transparencia también fomenta la credibilidad de una institución tan próxima al delito que nunca podrá evitar la absorción de alguno de sus funcionarios, especialmente por el crimen organizado. Ojalá los impulsos de depuración no cedan y los controles previos, como la más rigurosa revisión de los nombramientos, se fortalezcan.
