El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció el viernes pasado que pretendía eliminar los 10.101 pisos turísticos que hay en la ciudad a día de hoy y destinarlos al uso residencial para noviembre de 2028. En una rueda de prensa, informó que su plan consistía en no renovar las licencias de estos alojamientos y forzar así su desaparición para 2029.
Esta medida ha sido posible gracias al decreto ley de regulación de las viviendas de uso turístico que aprobó la Generalitat el año pasado. Una norma que otorga a los ayuntamientos el poder de conceder licencias, que se fijó que tendrían una duración de 5 años, además de concretar una ratio máxima de 10 pisos turísticos por cada 100 habitantes.
La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha mostrado su total rechazo a la prohibición y ha anunciado que iba a emprender una batalla legal para frustrar el plan del alcalde. “Se trata de un ataque al turismo en general por el impacto en la restauración, en el comercio y en el resto de sectores”, ha denunciado el presidente de Apartur, Enrique Alcántara.
Según ha podido saber Confidencial Digital, los propietarios de pisos turísticos han diseñado una estrategia a tres niveles: en el Tribunal Constitucional, en la jurisdicción contencioso-administrativa y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte de Garantías por el decreto ley de la Generalitat, al entender que algunos artículos de la norma afectaba los derechos fundamentales.
Alcántara ha confirmado que el Constitucional ya lo ha admitido a trámite y espera tener una resolución “en menos de dos años”. “Ese es el paso más sólido y más claro que tenemos por delante”, ha asegurado.
Apartur está estudiando cómo llevar la prohibición de Collboni al TJUE. Al no tener la posibilidad de presentar un recurso directamente al tribunal de Luxemburgo, la asociación está buscando el paso previo para lograrlo, aunque reconocen que puede tardar “un poco más”.
En paralelo, el presidente de la asociación ha adelantado que atacará legalmente el plan urbanístico de 2025 que apruebe el consistorio, pues será la medida que deje en principio sin efecto las licencias de los pisos turísticos. Alcántara ha aclarado que su intención es recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa de Barcelona para eso.
