Para Sánchez todo esto no es más que un medio para seguir en el poder, pero lo que, en realidad ha iniciado, es una reforma constitucional por la puerta de atrás.
Parece ser que, desde un despacho del Consejo de Estado, se generó la nota de prensa en la que se informaba de la causa abierta contra la pareja de Díaz Ayuso. El CIS no ha acertado en ninguno de los estudios que ha hecho en los últimos procesos electorales, lo que demuestra que sus pronósticos tenían como finalidad colaborar en una estrategia partidista.
La intervención en los medios de comunicación públicos ha aumentado. Un ejemplo es la crisis en RTVE, motivada por la contratación de David Broncano, que sigue sin cerrarse. Tras la salida de Elena Sánchez, que ejercía como presidenta interina, aun están sin cubrir algunas responsabilidades del staff directivo, como la secretaría general o la dirección de contenidos.
En cuanto a los medios de comunicación privados, las consecuencias que la ley de medios, anunciada por Sánchez, podría tener sobre la libertad de prensa es preocupante.
Con el control del ejecutivo, del legislativo y de los medios de comunicación, al líder socialista solo le resta domesticar al poder judicial.
La estrategia ha sido doble. Por un lado cambios en el ordenamiento jurídico de gran calado, por otra parte, la pelea en torno al Consejo General del Poder Judicial. En este caso, parece que Sánchez va a dar una tregua táctica porque, en este momento, necesita pactar con Feijóo.
Sánchez está dispuesto a tirar de chequera para llegar a un acuerdo económico para investir a Illa, pero los acuerdos con Puigdemont y ERC acerca de la financiación especial para Cataluña, han levantado en armas incluso a los propios territorios gobernados por el PSOE.
El problema es que, lo que quieren los independentistas es la ruptura del modelo de cohesión nacional, es decir, la renuncia al control de la recaudación de impuestos por parte del Estado y, por tanto, de la aportación a la caja común.
Tampoco está claro que destruir el modelo de financiación autonómica sea suficiente para incorporar a ERC al gobierno catalán. En ese caso, le queda la baza de dar la presidencia a Junts o forzar nuevas elecciones en Cataluña.
Con este entramado de codazos, medias verdades y mercadeo de apoyos, en el que las negociaciones son secretas y, en algunos casos, fuera de España, a Sánchez no le interesa mantener vivo el enfrentamiento a cuenta del CGPJ.
Es probable que para Sánchez todo esto no sea más que un medio para seguir en el poder, pero lo que, en realidad ha iniciado, es una reforma constitucional por la puerta de atrás.
