Washington. La violencia armada fue calificada como una “crisis de salud pública” por el principal responsable sanitario de Estados Unidos este martes. Vivek Murthy, cirujano general, publicó un detallado informe en el que insta al control de las armas de fuego de largo alcance, una medida históricamente resistida.
Este dictamen marca el primer informe significativo sobre el tema emitido por su oficina, que, aunque con autoridad limitada, desempeña un papel crucial en temas de salud pública.
“La violencia con armas de fuego es una crisis urgente de salud pública que ha provocado la pérdida de vidas, un dolor profundo e inimaginable para demasiados estadounidenses”, declaró Murthy en un comunicado.
“No tenemos que continuar por este camino y no tenemos que someter a nuestros hijos al horror de la violencia con armas de fuego. Todos los estadounidenses merecen vivir libres de la violencia con armas de fuego, así como del miedo y la devastación que esto trae”, añadió.
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El informe hace referencia a datos gubernamentales y otros que muestran que Estados Unidos es un caso singular en cuanto a muertes y lesiones por armas de fuego, especialmente entre los menores.
En los últimos años, las armas de fuego superaron a los accidentes de tránsito como la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 1 a 19 años, según el informe de Murthy.
En 2022, se reportaron 48,204 muertes por armas de fuego, incluidos suicidios.
Murthy subrayó la necesidad de un compromiso colectivo para cambiar el rumbo de la violencia con armas de fuego, urgiendo a invertir en investigación, programas educativos comunitarios, apoyo a la salud mental y controles más rigurosos en la adquisición de armas.
Comparó este llamado con el impacto inicial de los informes sobre el tabaco en la década de 1960, que eventualmente condujeron a regulaciones más estrictas y una notable reducción en su consumo.
“El costo colectivo de la violencia armada en la salud mental de nuestra nación es inmenso”, escribió Murthy en la red social X. “El trauma y el dolor que tantos estadounidenses experimentan por las lesiones y muertes relacionadas con las armas ya han tenido graves consecuencias”.
Enfatizó que esta situación constituye “una crisis de salud pública evitable”, pero señaló que “nuestra incapacidad para abordarla es una crisis moral”, llamando a la acción con “claridad, valentía y urgencia”.
Entre las recomendaciones de Murthy se incluyen medidas como un almacenamiento más estricto de las armas, verificación generalizada de antecedentes para los compradores, confiscación de armas de personas peligrosas como cónyuges violentos, y la prohibición de fusiles de asalto y cargadores de alta capacidad.
Estas propuestas, respaldadas por el presidente demócrata Joe Biden desde hace tiempo, requieren un acuerdo político en el Congreso para ser implementadas a nivel federal.
Sin embargo, los republicanos muestran fuerte oposición a estas regulaciones, argumentando en base a la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege el derecho a poseer armas de fuego.
“A mis colegas republicanos: vengan a la mesa de negociación y trabajen con nosotros para aprobar una ley que ayude a salvar vidas”, instó el influyente senador demócrata Dick Durbin el martes.
El influyente lobby armamentista, la NRA, reaccionó rápidamente al informe, denunciándolo como “una extensión de la guerra de la administración Biden contra los propietarios de armas respetuosos de la ley”.
“Estados Unidos tiene un problema de delincuencia causado por delincuentes”, afirmó el director ejecutivo de la organización, Randy Kozuch.
Durante la inauguración de un centro de análisis balístico en Cleveland, Ohio, el fiscal general Merrick Garland informó el martes que desde la aprobación hace dos años de la Ley Bipartidista de Comunidades Seguras, que introdujo nuevas restricciones sobre las armas, se frenaron 800 compras de armas de fuego “por parte de jóvenes que tienen prohibido legalmente obtener armas”.
Garland también mencionó que ese mismo día el Departamento de Justicia publicó una norma final provisional que permitía a los vendedores de armas verificar en una base de datos del FBI si las armas de fuego que vendían fueron denunciadas como robadas.
Sin embargo, dichos controles siguen siendo voluntarios, afirmó el Departamento de Justicia.
