-¿Cómo tomaron la decisión de acudir a la Corte Penal Internacional para denunciar a Dina Boluarte por las muertes en las protestas sociales en su contra y el cierre del Congreso?
Nosotros habíamos estado monitoreando la situación de la estabilidad democrática y del funcionamiento de las instituciones dentro del país. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) había hecho ya un monitoreo y emitido un informe sobre el deterioro de la institucionalidad democrática. Cuando vimos que iban avanzando las investigaciones, lo tomamos con buen ánimo, pero luego se conocieron las intenciones del Congreso de intervenir el Ministerio Público, de pedir la destitución de los fiscales supremos, de realizar acciones e investigaciones contra al fiscal de la Nación, lo cual llevaría a una inestabilidad aún mayor en el Ministerio Público. Recuerde que el congresista Fernando Rospigliosi ha estado justificando las muertes en las protestas, señalando que eran necesarias. Y ahora quieren dar una ley de impunidad para los crímenes de los 80 y los 90, entonces, en Perú nada garantiza que no haya impunidad para los crímenes de esta gestión también.
-¿Por el riesgo de impunidad?
Por eso se tomó la decisión de presentar de una vez este análisis, con toda la documentación necesaria, para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, de acuerdo a sus funciones, examine nuestra petición y, si lo cree conveniente, inicie un examen preliminar o realice las acciones que su reglamento le facultan.
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-Han presentado un análisis de lo que sucedió con cada una de las 49 víctimas, incluyendo du perfil y los patrones con los que se actuaron.
Hemos analizado patrones, no solamente de la conducta de los perpetradores, sino también patrones de las personas agraviadas, incluyendo quiénes eran y en qué regiones se cometieron los crímenes. También se ha evaluado cómo habría sido el contexto en el cual se produjeron los hechos y cómo creemos nosotros que reúne los requisitos que necesita la Corte Penal Internacional para intervenir.
-¿Cuáles son esos requisitos en concreto en este caso?
Uno es que se tratan de hechos que están dentro de las facultades de la Corte, que interviene cuando son delitos de guerra, son crímenes de agresión, genocidio y, también como en este caso nos hemos fundamentado, delitos de lesa humanidad. Para nosotros esto reúne los requisitos para señalar que aquí hubo delitos de lesa humanidad. Además, estamos dentro de la jurisdicción, dentro de la competencia tanto de materia como del tiempo, porque el Perú es signatario del Estatuto de Roma. Y expusimos el tema de la subsidiariedad. Nosotros creemos que ante el gran riesgo que hay de intervenciones en el manejo de la justicia, en la Junta Nacional de Justicia, en el Ministerio Público, las posibles intervenciones y destituciones que pretende hacer el Congreso en la Fiscalía de la Nación, justificaría justamente el tema de la subsidiariedad.
-Uno de los temas que se expone también es que el evidente racismo que hubo en el tema de los asesinatos, ¿no?
Eso está dentro del patrón, la edad de la víctima, sus perfiles, y también de dónde proceden, porque la mayoría eran del sur del país.
-¿Por qué es importante?
Porque para nosotros también hubo no solamente un estigma como dicen informes de Amnistía Internacional o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino que tiene que ver mucho con el hecho de dónde proviene la población, que es quechuablante y aymara.
-¿Qué sigue ahora?
Ya entregamos los fundamentos, se están subiendo a la plataforma los diferentes anexos, nos han pedido que si hay alguna información adicional que nos la hagamos llegar. Ahora vamos a estar a la espera.
-¿Como en el sistema interamericano, ellos pedirán la versión del Estado peruano?
Sólo si es que la Fiscalía decide intervenir, se comunicará con el Estado. Mientras tanto van a evaluar lo que nosotros hemos entregado.
-¿No hay confianza de una de un proceso justo en Perú?
No, con todas las intervenciones que se han tenido del Congreso, del propio Ejecutivo, que ya están desacatando fallos como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (por el irregular indulto de Alberto Fujimori) ¿Qué garantía se tiene de que van a cumplir en este caso?
