Human Rights Watch (HRW), ONG que se dedica a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, se pronunció respecto a las modificaciones y proyectos de ley con los que el Congreso de la República culminó el periodo legislativo 2023-2024 y advirtió que, en conjunto con el Ejecutivo, se estaría fomentando la impunidad y desmantelando el Estado de derecho.
Además, señalan que el Congreso, donde casi la mitad de los parlamentarios se encuentran bajo alguna investigación penal, estaría apresurando nuevas medidas que socavarían la independencia judicial, restringirían el espacio cívico y debilitarían las investigaciones sobre el crimen organizado y violaciones de derechos humanos. Solo a inicios de junio de este año, HRW informa que desde el Parlamento se avanzó con una reforma constitucional para eliminar instituciones judiciales clave (como la JNJ), debilitar la independencia de las autoridades electorales y hasta una modificación a la ley para controlar las ONG.
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"Con esta ráfaga de legislación destructiva, los congresistas peruanos están intensificando sus medidas para controlar a las autoridades judiciales y electorales, y debilitar los sistemas de rendición de cuentas, así como la supervisión y crítica de sus acciones", señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. "Es probable que estas medidas tengan graves consecuencias para todos los peruanos, permitiendo que el crimen organizado se expanda y dificultando que las personas reciban protección cuando se violan sus derechos", agregó.
También se refirieron a la reciente aprobación, en primera votación, del proyecto de ley que pide “precisar la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra” en el Perú. Esta medida, según Human Rights Watch, debilitaría la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, incluidos los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. Una decisión que, de ser ejecutada, marcaría el patrón de acciones del Congreso que fomentan la impunidad.
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No obstante, también se hizo mención sobre la participación de la presidenta Dina Boluarte en estas modificaciones que el Congreso pretende debatir en el Pleno en la próxima legislatura, indicando que la mandataria se ha aliado repentinamente con el Legislativo. Este último, que ha rechazado varias mociones para removerla, ha incrementado la preocupación por la integridad del Estado de derecho. Estas acciones, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representan un riesgo crítico.
Finalmente, HRW espera que durante la reunión de los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que será del 26 al 28 de junio en Asunción, Paraguay, puedan plantear su preocupación sobre el desmantelamiento del Estado de derecho y de los sistemas democráticos en el Perú. “Los gobiernos de las Américas deben pronunciarse urgentemente sobre el retroceso democrático en el Perú”, dijo Goebertus. “Está en su interés, y ciertamente en el de todos los peruanos, detener la infiltración y expansión del crimen organizado y la corrupción en las instituciones peruanas”, acotó.
