La Haya. La Corte Penal Internacional (CPI) anunció hoy martes que emitió órdenes de arresto contra el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerasimov, y el exministro de Defensa Serguéi Shoigú por presuntos crímenes en Ucrania.
Ambos son sospechosos de dirigir ataques contra bienes civiles y de causar daños excesivos a la población civil, así como de cometer “actos inhumanos” en territorio ucraniano, según indicó la CPI en un comunicado.
La CPI, con sede en La Haya, considera que existen fundamentos suficientes para creer que los dos sospechosos son responsables de bombardeos con misiles realizados por las fuerzas armadas rusas contra infraestructuras eléctricas en Ucrania desde al menos el 10 de octubre de 2022 hasta al menos el 9 de marzo de 2023.
La corte estima que estos ataques estaban dirigidos contra objetivos de carácter civil y que, incluso cuando los objetivos podían considerarse militares, los daños causados a la población civil habrían sido desproporcionadamente altos en relación con los resultados militares esperados.
La CPI ya emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, en marzo del año pasado.
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Rusia reaccionó rápidamente minimizando la decisión contra Shoigú, quien actualmente ocupa el cargo de secretario del Consejo de Seguridad, calificándola de “insignificante”, según informó el servicio de prensa de este órgano cercano al Kremlin, citado por la agencia de noticias Tass.
“Esta decisión es una señal clara de que la justicia por los crímenes rusos contra los ucranianos es inevitable”, afirmó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, añadiendo que espera ver a estos hombres “tras las rejas”.
La Corte Penal Internacional (CPI) carece de fuerzas de seguridad propias para ejecutar sus órdenes de arresto y depende de los sistemas judiciales de sus 124 países miembros para llevarlas a cabo.
En teoría, cualquier persona sujeta a una orden de este tipo debe ser detenida si viaja a un territorio de un Estado miembro.
Putin viajó al extranjero, incluidos países como Kirguistán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Corea del Norte, ninguno de los cuales es miembro de la CPI. Sin embargo, evitó participar en una reunión de los BRICS en Sudáfrica, país que estaría obligado a cumplir con la decisión del tribunal internacional.
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La CPI, establecida en 2002 para investigar crímenes de guerra y contra la humanidad a nivel mundial, inauguró una oficina en Kiev en septiembre pasado como parte de sus esfuerzos para responsabilizar a las fuerzas rusas por posibles crímenes de guerra.
Este paso se produjo después de la apertura de un centro internacional en La Haya en marzo de 2023 para investigar a Rusia por presuntos crímenes de guerra, una decisión calificada de “histórica” por Kiev.
Además de Putin, la CPI también emitió órdenes de arresto contra Maria Lvova-Belova, comisionada rusa para la infancia, por cargos similares, específicamente la presunta deportación de miles de niños ucranianos a Rusia.
Otros funcionarios rusos incluidos en órdenes de arresto son Serguéi Kobylash, jefe de la aviación estratégica, y Viktor Sokolov, comandante de la flota en el mar Negro.
