El Ejecutivo llevará adelante una nueva tanda de baja de personal público y hay expectativa por el número final de desplazados. Versiones contrapuestas en medio de las negociaciones paritarias que se reactivan en el sector
Esta semana será la última antes de que comience julio, mes en el que se dará una nueva tanda de renovaciones y ceses de contratos de la dotación de empleados de la Administración Pública Nacional (APN). El Gobierno prevé seguir con su esquema de reducción de la planta pública a los fines de reducir el gasto fiscal, poniendo un número objetivo de 75.000 desplazados para fin de año.
Este domingo 30 de junio vence el plazo establecido por el Decreto 286/24 firmado por el presidente Javier Milei y el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse, que renovaba por tres meses el plazo de los contratos que no hubieran sido dados de baja para los empleados públicos regidos por los diferentes esquemas de contratación temporarios
La primera medida en ese sentido había sido tomada a finales de diciembre del 2023, cuando se dieron de baja cerca de 7000 contratos que habían ingresado en ese año en diversos organismos. Luego de que se dieran tres meses de prórroga, el Gobierno finalizó su auditoría interna y efectuó una baja de empleados cercana a los 18.000 empleados.
En un discurso reciente en el Latam Economic Forum, el Presidente reiteró que en las siguientes rondas espera que se totalicen 50.000 despidos más. "El 'afuera' significó llevar la cantidad de ministerios a la mitad y se redujo toda la estructura del Estado... a la mitad. Eso no fue gratis porque echamos gente. En materia de contrato vamos a terminar echando 75.000 personas. Ya llevamos 25.000 en lo que va del año", dijo, específicamente.
¿Qué se sabe de cara al nuevo vencimiento? Desde el Gobierno rige el hermetismo y no comparten una cifra ni un porcentaje estimado de lo que se podría dar a conocer en los próximos días. Fuentes gubernamentales consultadas por El Cronista marcan que el objetivo de 50.000 empleados públicos desplazados es una meta, aunque no confirman si es realmente viable.
Luego de la primera tanda de bajas, cada una de las áreas estatales debió realizar una auditoría interna entre enero y marzo a los fines de estimar si había personal del cual podía prescindirse sin poner en riesgo la realización de tareas clave o meramente operativas. Diferentes funcionarios comentan que este estudio fue mucho más sencillo de hacer en los primeros meses del año que ahora.
"Yo ya despedí a una buena parte de las personas que consideraba prescindibles. No sé si pueda extenderlo mucho más", indicó un secretario nacional en diálogo con este medio. A pesar de que funcionarios nacionales indican que el objetivo de 75.000 desplazados es realizable, hay otros que comienzan a decir que es "inexacto".
También indican que un factor clave que podría traccionar para atrás el número de desplazados es que el Gobierno todavía debe completar los puestos jerárquicos en diversas partes de la APN. Hasta mayo restaba completar un 63% de los casilleros del Estado Nacional. "Esos empleados salen en el Boletín Oficial, no cuentan dentro del número de los 75.000", indicaron desde Casa Rosada.
El personal que es pasible de ser despedido en los próximos días pertenece a regímenes de contratación transitoria u otros específicos diferentes al de la planta permanente. Ejemplo de estos son los empleados regidos por el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional (en relación de dependencia, pero planta transitoria), del Decreto N°1109/27 (monotributistas estatales) y de otras modalidades.
Tal y como lo publicó El Cronista, los ministerios más complicados serían Capital Humano (80,01%); Economía (76,2 %); Salud (44,2%) y los organismos que de estos dependen como Biblioteca Nacional (97,5%), Fabricaciones Militares (96,0%) Enacom (81,4%), Vialidad (78,8%), SENASA (67,9%), Renaper (65,8%) y Migraciones (55,3%) si se confirma la amenaza del Gobierno de profundizar la poda de contratos de estatales.
Este fin de semana se conoció un informe de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que indica que el salario mínimo para una familia tipo debe ser de $1.309.303 de bolsillo para no caer debajo de la línea de la pobreza y que, en este contexto, el 75% de los estatales son pobres. "Se están utilizando las tarjetas o tomando créditos para comprar alimentos", indicó el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
"Se deben convocar de manera urgente a las paritarias en todos los niveles del Estado y definir estrategias que permitan una rápida recuperación del poder adquisitivo. El incremento en la administración pública nacional no debiera ser inferior al 80% y liquidarse en una sola cuota, como única posibilidad de compensar la caída del salario real que hemos sufrido a partir del 10 de diciembre", indicó el dirigente estatal.
Los rumores en relación al mantenimiento o no de miles de empleados estatales se da en el marco de la negociación paritaria que encabezan tanto UPCN como ATE. En el caso de este último, la demanda es la de la recomposición y la llegada a un salario de bolsillo de $ 1.300.000.
Por el otro lado, UPCN, el gremio encabezado por Andrés Rodríguez, que tiene la voz cantante en las tratativas con el Gobierno, se reunirá en los próximos días para negociar un nuevo incremento. En los últimos días de mayo se homologó un acuerdo paritario para aumentar los sueldos un 9%: un 2% correspondiente al salario de abril y un 7% del de mayo.
Entre los estatales también hay preocupación de cara a la modificación de la Ley de Empleo Público que está inserta en el proyecto de Ley Bases a tratar el próximo jueves en Diputados. Este texto dispone un sinfín de modificaciones. Entre ellas están descuentos por horas no trabajadas por hacer huelgas y la apertura de un período de 12 meses a disponibilidad (y posterior despido) para aquellos empleados que hubieran formado parte de organismos que se hubieren eliminado.
