La reacción no se hizo esperar. Tan solo unas horas después de que el lunes por la tarde los seis concejales díscolos desobedecieran a la ejecutiva local y votasen a favor de una ordenanza relacionada con el control de los pisos turísticos en la capital gallega, el PSOE municipal inició los trámites pertinentes para castigarles. El debate sobre los pisos turísticos ha hecho saltar las costuras del mal avenido socialismo santiagués. Mercedes Rosón, Milagros Castro, Gumersindo Guinarte, Marta Abal, Gonzalo Muíños y Marta Álvarez optaron por echarle un puso al líder municipal del PSdeG, Aitor Bouza, y en el pleno del lunes votar a favor de una ordenanza para regular la comunicación al Concello de los pisos de temporada y de alquiler por habitaciones. Y la agrupación socialista municipal se apresuró a responderles. En un comunicado poco después del cisma registrado en el pleno, el PSOE municipal anunciaba que «ante la falta de cumplimiento de las normas del partido», la agrupación local informará a la provincial, su órgano inmediatamente superior, para que se adopten «las medidas oportunas segundo los estatutos del PSOE». En román paladino: se abre la vía para sancionara a los seis ediles díscolos. Por enésima vez en los últimos días, el PSOE local trató de justificar por qué ordenaba a sus concejales abstenerse: consideraban que la ordenanza que el lunes se aprobó, con los votos de BNG, Compostela Aberta y PSdeG, «no tenía ninguna incidencia ni en la prohibición ni en la legalización de las VUT», es decir, las viviendas de uso turístico. La ejecutiva que encabeza Aitor Bouza recordaba, en la misma nota de prensa, que las viviendas de uso turístico en el el casco histórico de la ciudad ya están prohibidas desde 2023 gracias, precisamente, al Partido Socialista. Y, por lo tanto, «lo que hoy se aprobaba en el pleno nada modifica el anterior, tan solo se aprobaba el formulario para las comunicaciones previas», añadían en ese comunicado. El PSOE municipal considera que esta última ordenanza aprobada el lunes no es más que «una cortina de humo» de la alcaldesa nacionalista, Goretti Sanmartín, «ante la imposibilidad para cumplir con las promesas electorales a las que se comprometieron durante la campaña».
