Acción. Defensoría del Pueblo dice que 198 casos prescribieron, pero solo a nivel administrativo. Fiscalía no tiene recursos.
La representante de la Defensoría del Pueblo de Amazonas, Genoveva Gómez, señaló que cuando se habla de que prescribieron 198 casos de abusos sexuales contra menores, se debe entender que es a nivel administrativo y no penal, pues estos casos no han sido reportados a la Fiscalía.
“Una de las últimas recomendaciones que hemos dado es que se reporten estos casos a la Fiscalía de tal manera que no queden impunes”, precisó.
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Y es que de las 532 denuncias por violación sexual contra menores cometida por docentes y auxiliares en la provincia de Condorcanqui (Amazonas), 198, que estuvieron en la comisión de procesos administrativo disciplinario para docentes de la UGEL de esa jurisdicción, prescribieron administrativamente porque no se gestionaron en su oportunidad.
Y el riesgo es que, al no haberse logrado investigar, no se tenga ningún filtro que estos profesores deban pasar y en la práctica podrían seguir enseñando en las aulas, explicó.
“El año pasado pedimos a la UGEL de Condorcanqui que se investigue y se haga un filtro de esta información y encontraron hasta ese momento a 15 docentes que estaban siendo investigados, y procedieron a separarlos”, explica Gómez.
Agrega que una de las dificultades para las investigaciones a nivel penal es la distancia. En Condorcanqui solo hay dos fiscalías y probablemente las víctimas o sus familiares tengan que desplazarse muchas horas desde sus comunidades hasta la capital que es Santa María de Nieva. También hacen falta cámaras Gesell en Condorcanqui; “entonces, las víctimas tienen que desplazarse siete horas más hacia otras provincias como Bagua o Utcubamba, donde sí hay estos espacios”.
“Eso complica más la situación, las niñas tienen que desplazarse desde sus comunidades para llegar a Santa María de Nieva y luego nuevamente viajar a otra provincia para pasar por una cámara Gesell. Hay barreras económicas, culturales y eso dificulta las investigaciones”, afirma.
Por esa razón, Genoveva Gómez pide un trabajo articulado entre el sector Salud, Educación, Cultura, Fiscalía, Gobierno regional y Gobierno provincial para evitar que estos casos de abusos prescriban.
Recomendó al Minedu fortalecer con más personal y recursos la comisión de investigación de la UGEL que indaga los casos para que haya una rápida conclusión de la investigación y no se dé la prescripción de los expedientes.
La representante de la Defensoría apunta que es importante que la Fiscalía de Condorcanqui se fortalezca. “No tiene cómo desplazarse y las comunidades están alejadas. También debe contar con más personal y una cámara Gesell. El delito de violencia sexual, de acuerdo a la norma, no prescribe, son delitos graves”, insiste.
POLICÍAS ENTRE LOS AGRESORES
El apu Bernabé Jima y el líder awajún Dante Sejekam denunciaron que no solo son profesores, sino efectivos policiales y mineros ilegales los que abusan sexualmente de las niñas awajún.
El programa ‘Punto final’ reveló que, si bien la UGEL tiene registrados al menos 532 casos de violación, el Ministerio Público acumula oficialmente unas 888 denuncias.
LA CLAVE
Este diario denunció el fin de semana que casi 200 casos prescribieron, pues la UGEL de Condorcanqui solo cuenta con una abogada para ver los casos. Hay 112 docentes destituidos, 73 han sido absueltos, 55 se encuentran en investigación y 21 han sido reinstaurados.
