Dar prioridad a los franceses para optar a ayudas sociales o un estatuto de 'desplazado climático' para los afectados por el calentamiento global figuran entre las divergentes propuestas sobre inmigración presentadas por los principales partidos para las elecciones legislativas.
Reagrupación Nacional (RN), el Nuevo Frente Popular y la coalición centrista del presidente francés, Emmanuel Macron, muestran, en sus respectivos programas, sus diametrales visiones de sociedad cuando se trata de atajar dos grandes preocupaciones del electorado: la seguridad y la inmigración.
El RN, partido favorito a ganar las legislativas del 30 de junio y el 7 de julio, tiene como bandera esos dos temas, que históricamente le han resultado muy jugosos en las urnas, aunque ciertas de las iniciativas que plantean colisionan con el marco jurídico francés y con el de la UE.
Así, 'la prioridad nacional', ya enarbolada por el fundador de la extrema derecha francesa, Jean-Marie Le Pen, bajo el término ya jurídicamente censurado de 'preferencia nacional', es uno de los puntos clave del programa anti inmigración del antiguo Frente Nacional (FN).
Esta prioridad se concretaría en que quienes tengan la nacionalidad francesa (no queda claro si se incluyen a los binacionales) podrán optar a ciertas ayudas sociales y a los pisos de protección oficial, por delante de los extranjeros.
Esta medida estrella del RN no podría ponerse en marcha en una cohabitación con Macron, quien fue reelegido en 2022 y cuyo cargo expira en 2027, como reconoció el propio presidente del partido ultra, Jordan Bardella.
El postulante a primer ministro asumió que esa 'prioridad nacional' solo podría ponerse en marcha en caso de una revisión constitucional autorizada por el presidente. El RN debería esperar a que Marine Le Pen acceda al Elíseo en 2027.
El partido lepenista aseguró que si llega a controlar la Asamblea Nacional y fuerza a Macron a nombrar a Bardella como jefe de gobierno aprobará 'una ley de urgencia' sobre la inmigración para eliminar el derecho a la nacionalidad de quienes nazcan en Francia de padres extranjeros y suprimirá el auxilio médico para los inmigrantes sin papeles más precarizados.
Asimismo, el RN se compromete a "eliminar los obstáculos administrativos y reglamentarios" para expulsar a los extranjeros delincuentes, en alusión a los recursos judiciales que estos pueden presentar. También pretende endurecer las penas para los reincidentes en delitos relacionados con la droga o agresiones a la autoridad.
En las antípodas del programa del RN sobre inmigración se sitúa el del Nuevo Frente Popular, formado por la izquierda contestataria de La Francia Insumisa (LFI), el Partido Socialista (PS), los verdes y el Partido Comunista Francés (PCF).
Esta nueva alianza de izquierdas -que toma el nombre de la célebre coalición antifascista que gobernó Francia entre 1936 y 1938- pretender acoger "incondicionalmente" a todos, decretando "en ciertos casos urgentes", la expropiación de alojamientos vacíos para los sin techo.
La alianza derogará las dos anteriores leyes de inmigración en vigor del Gobierno Macron y buscará facilitar el empleo regular para los demandantes de asilo (en su estatuto actual están en un limbo legal); regularizar a los indocumentados (estimaciones sindicales lo sitúan en 700.000); y crear una agencia francesa de salvamento para los naufragios de inmigrantes en el Mediterráneo.
Asimismo, se creará el estatuto de 'desplazado climático', por el que una persona que acredite vivir en un país especialmente impactado por el calentamiento global podría pedir asilo en Francia.
El Frente Popular considera esta medida "necesaria y factible" y aclara que no representará un llamamiento a la inmigración. La ONU estima que hasta 2050 habrá unos 1.000 millones de desplazados climáticos en todo el mundo.
Respecto a la seguridad pública, la izquierda quiere prohibir que los policías antidisturbios usen determinado tipo de material, considerado peligroso, contra las manifestaciones.
La coalición de partidos centristas en la órbita de Macron pretende seguir con su idea de "reducir la inmigración ilegal", especialmente en coordinación con la UE. "La autoridad republicana" deseada por el presidente francés se plasmará en medidas para combatir la delincuencia entre los menores.
La idea es que, a partir de los 16 años, se pongan en marcha penas cortas y rápidas. El primer ministro saliente, Gabriel Attal, respalda además una restricción sobre los atenuantes que se aplican a los menores, actualmente laxos, según Attal.
La alianza oficialista también pretende abrir un debate para reforzar el laicismo en la sociedad, a la imagen de lo que hizo el expresidente Jacques Chirac en 2003 y que desembocó en la ley que prohíbe signos religiosos ostentosos en el espacio público.
