Un juez de apellido Sánchez pasará un mes en prisión preventiva mientras se le investiga por presuntamente dar privilegios al abogado y exjuez asesinado en febrero pasado, Luis Diego Ulloa Rodríguez, quien defendía a miembros de presuntas bandas criminales.
El juez, de 44 años, es uno de los seis funcionarios judiciales detenidos este viernes durante ocho allanamientos en edificios del Poder Judicial y en casas de los sospechosos, en San José y Cartago.
Entre los arrestados hay dos jueces penales de La Unión, un fiscal de narcotráfico de San José, un fiscal de flagrancia de Goicoechea, una jueza de tránsito de Desamparados y una funcionaria judicial. Además de Sánchez, ellos fueron identificados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con los apellidos Padilla, de 43 años; Darcia, de 30; Kikut, de 31; Ulloa, de 32, y Cabezas, de 33.
A los otros imputados, el Juzgado Penal les impuso la prohibición de acercarse a testigos de la causa y a los tribunales de La Unión; impedimento de salida del país, suspensión del cargo (a excepción de Padilla), una firma periódica una vez al mes ante la Fiscalía de Probidad y la obligación de mantener domicilio fijo.
Arrestados tres jueces y tres fiscales sospechosos de dar privilegios a exjuez asesinado en La Unión
Las medidas fueron dictadas por el Juzgado Penal de Turno Extraordinario de San José, la madrugada del domingo.
Luego de los allanamientos del viernes, el subdirector del OIJ detalló que Ulloa, presuntamente, mantenía contactos con los funcionarios para que modificaran documentos, facilitaran audiencias, compararan datos o detalles, entre otros privilegios.
Ulloa, de 43 años, fue asesinado a mientras conducía un automóvil por dos sujetos a bordo de una motocicleta, el 27 de febrero en Dulce Nombre de La Unión.
Desde el 16 de setiembre de 2019, fue nombrado como juez 3 en el Juzgado Penal de La Unión, según consta en el acta de Consejo Superior N.º 106 - 2019.
La Contraloría General de la República (CGR) lo había inhabilitado para ejercer cargos públicos, entre octubre del 2022 y octubre del 2024, por no presentar la declaración jurada de bienes, conforme a lo estipulado en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. No obstante, el entonces juez renunció a su cargo en el Poder Judicial.
Según datos de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, Ulloa ingresó a laborar el 17 de enero de 2005 en una plaza de técnico judicial en el Ministerio Público. Su último nombramiento registrado fue el 30 de octubre del 2021 como juez penal en el Juzgado Penal de La Unión, Cartago.
