Las falsificaciones de este tipo de documentos alcanzan ya el 10% del total de las operaciones que se realizan
La escasez de viviendas y los crecientes precios han provocado que el mercado del alquiler se haya vuelto cada vez más competitivo y que no sea tarea sencilla acceder a este tipo de inmuebles. Además del fuerte desequilibro entre la demanda de alquiler y la oferta insuficiente de viviendas, también existe un endurecimiento de los requisitos por parte de los propietarios para encontrar un inquilino que sea solvente y así asegurarse de que este no tendrá problemas para hacer frente al pago del alquiler.
Este escenario complejo ha empujado a muchos inquilinos a presentar documentación falsa para acceder al inmueble e incuso recurrir a profesionales de la falsificación para ello. Tanto es así que, la desesperación de los arrendatarios por acceder a un inmueble de alquiler ha provocado que este tipo de delitos se ha duplicado desde 2023, alcanzando ya el 10% del total de operaciones de alquiler, según datos de la correduría de seguros inmobiliarios Arrenta. Pero ¿qué consecuencias legales tiene la falsificación de documentos?
Los artículos 395 y 396 del Código Penal recogen como delito de falsificación la elaboración o el uso de documentación falsa con el fin de perjudicar a otro y las penas podrán ser de hasta dos años de prisión. "Así, quien aporte documentos falsos para conseguir firmar un contrato de alquiler podría estar incurriendo en un delito de falsificación, independientemente de si son obra suya o de si los ha conseguido a través de un tercero", establece el experto en derecho civil en Alquiler Seguro, Álvaro Crespo.
Además de las consecuencias jurídicas que acarrea falsificar documentos, esto también puede conllevar que el inquilino firme un contrato de alquiler por encima de sus capacidades económicas, por lo que este podrá tener dificultades para hacer frente al pago de la cuota del alquiler, convirtiéndose en moroso. En esta misma línea, esta situación podría derivar en un juicio de desahucio y en la ejecución de judicial de una deuda.
En vía civil, el contrato de arrendamiento podría ser declarado nulo, ya que este se firmó bajo unos datos de solvencia económica irreales y una documentación falsa. A pesar de que cada vez existen herramientas más sofisticadas para crear falsificaciones de documentos y estas son difíciles de distinguir, esto no es imposible, por lo que los inquilinos que recurren a estas prácticas no deben confiar que no vayan a ser descubiertos.
"La conclusión de todo esto nos remite a una máxima que repetimos constantemente desde el sector inmobiliario: es necesario ampliar la oferta de inmuebles para cubrir la demanda de inquilinos y reducir los precios del alquiler, facilitando así el acceso a la vivienda a todas las personas que buscan un hogar", sentencia Crespo.
